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Todos pendientes hoy de los próximos movimientos dentro del PP tras las guerra interna que iniciaron ayer, a cuenta del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso desde Génova. Todo por un contrato para la compra de mascarillas a una empresa de un amigo de la familia de la presidenta. Isabel Díaz Ayuso acusó directamente al presidente de su partido, Pablo Casado, de hacer “lo peor que se puede esperar en política”. La respuesta llegó desde el secretario general, Teodoro García Egea: “Nunca pude imaginar esta reacción”.
El cruce de durísimas acusaciones entre Isabel Díaz Ayuso y el coordinador general del partido, Teodoro García Egea, acabó con la apertura de un expediente a la presidenta madrileña.
Con este panorama, la dirección del PP tiene dos meses para investigar los contratos, adjudicaciones y comisiones. Si hay indicios de ilegalidad el expediente pasa a ser sancionador.
Si finalmente se abre expediente sancionador para Isabel Díaz Ayuso se abren tres escenarios que van desde la suspensión de militancia, a la inhabilitación de cargo dentro del partido y hasta su expulsión. Esa decisión estaría en manos del Comité de derechos y garantías del PP, que dirige Andrea Levy, concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, donde supuestamente empezó todo.
En el Ayuntamiento se produjo ayer la primera dimisión la de Ángel Carromero, coordinador de la alcaldía. La dimisión de Carromero se produjo después de que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, por la mañana dijera que "no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid y que el propio Carromero le había negado "absolutamente" que haya hecho "cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares".
Lo cierto es que hasta ahora la única que ha reconocido algo es la propia Isabel Díaz Ayuso, que admite que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, hizo de intermediario con una empresa que en abril de 2020, en lo más duro de la pandemia y cuando no había mascarillas ni para los médicos, él se llevó 260.000 euros de comisión.
“Todo legal y declarado a Hacienda”, ha recalcado la presidenta de la Comunidad de Madrid.