"La última certificación remitida, el pasado jueves 13 de julio, por la intervención general de la propia comunidad autónoma certificaba que a finales del mes pasado se habían reconocido obligaciones con cargo al programa 132, que corresponde al epígrafe organización, gestión y seguimiento de procesos electorales", ha especificado en declaraciones a COPE, recogidas por Europa Press.
Concretamente, el texto de la medida publicado este sábado en el BOE indica que el último informe reconocía obligaciones en el programa presupuestario '132. Organización, gestión y seguimiento de procesos electorales' --anulado por la sentencia del Tribunal Constitucional-- por valor de 19.370 euros y autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25.520 euros (6.150 euros adicionales sobre los datos del mes precedente).
Por ello, ha hecho hincapié en que la obligación del Gobierno es "hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional", razón por la cual se han intensificado los controles presupuestarios sobre la comunidad autónoma para que "ni un solo euro de los catalanes quede destinado a un proceso que es ilegal e inconstitucional".
Por otra parte, se ha mostrado convencido de que durante los últimos años el Estado ha sido "el principal aliado de Cataluña" a través de los mecanismos extraordinarios de liquidez y de que "la Generalitat de Cataluña sabe perfectamente que al estar adherida al FLA tiene que cumplir la condicionalidad que se estableció".
Por eso, ha hecho hincapié en que en aquellos casos en que en aquellos casos en que los pagos de gasto "estén destinados a lo que significan los tramos que conciernen al Fondo de Liquidez Autonómica" como vencimientos de deudas y pagos a proveedores "no habrá ningún problema". "Los pagos seguirán con absoluta normalidad", ha manifestado.