Así lo pone de manifiesto el documento, al que ha tenido acceso Europa Press y en el que los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva defienden a lo largo de 36 páginas la necesidad de que a su patrocinada le sea aplicada la denominada doctrina Botín, que evitaría que la hermana del Rey Felipe VI fuese juzgada por ser únicamente Manos Limpias la que ejerce acciones penales contra ella -reclama ocho años de cárcel para la acusada- y no el Ministerio Público ni Hacienda.
En este sentido, los letrados consideran que la situación de "máxima frustración" se produce cuando ambas acusaciones solicitan el archivo para un imputado -en este caso la Infanta- y el juez "no lo acuerda porque existe una acusación popular -esto es, un sujeto distinto al titular del interés público y al titular del bien jurídico lesionado- que sí acusa".
Y es que, según el informe, el derecho al ejercicio de la acción popular "no es ni un derecho fundamental ni tampoco un derecho constitucional en sentido estricto, sino más bien una habilitación al legislador ordinario para regular las condiciones del ejercicio de dicha acción".
(HABRÁ AMPLIACIÓN)