La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria ha considerado un contrasentido que el Gobierno haya retirado los escoltas a jueces y fiscales, y al mismo tiempo el Gobierno haya concedido a Amaiur una subvención de 13.757 euros para gastos de seguridad frente a ETA.
"Parece un chiste que los encargados de llevar el sistema judicial español están en una situación de riesgo objetiva, con amenazas reales que se han producido y atentados que en ocasiones han dejado muertos, de golpe y porrazo se queden sin protección y encima con publicidad e información generalizada para que los potenciales enemigos recaben ese tipo de información y sepan estas circunstancias", ha dicho.
"Y que, simultáneamente, a personas próximas al entorno de ETA se les de la subvención correspondiente para la protección, solamente ocurre en España. En cualquier otro países muy improbable que se den este tipo de situaciones", ha aseverado, en declaraciones a Europa Press.
CONTRARIOS A LAS DISTINCIONES ENTRE GRUPOS
Por su lado, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch ha recalcado que los grupos parlamentarios representan "la voluntad popular" y se ha mostrado en contra de hacer distinciones entre Amaiur y otras fuerzas políticas.
"Los grupos parlamentarios como regla general representan la voluntad popular en un nivel que debe justificar que haya esas partidas de seguridad sobre ellos. Por lo tanto, no haríamos distinciones entre Amaiur y otros grupos porque los parlamentarios por las condiciones en las que tienen que llevar adelante su labor deben estar protegidos suficientemente", ha explicado.
"No debe haber distinción entre grupos, lo relevante es la función que desempeñan", ha concluido.