El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, defiende que las comparecencias del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, en la comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica servirán para "arrojar luz a las mentiras e insidias vertidas por el PP-A en los últimos meses" en relación con este asunto.
Vázquez se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno después de la comparecencia de Chaves esta mañana en dicha comisión parlamentaria y a menos de tres horas de que Griñán acuda a la misma cita.
"La presencia de Chaves ha venido a confirmar que el procedimiento era legal, que estaba todo localizado en un punto concreto de la administración y que el objetivo de esas ayudas era hacer frente a situaciones crisis en empresas y ayudar a sus trabajadores", ha asegurado el portavoz del Ejecutivo andaluz, que ha puesto en valor que tanto presidente y expresidente comparecen "a petición propia y con voluntad de colaborar, como ha venido haciendo la Junta desde el primer momento que puso este caso a disposición de los tribunales".
En este sentido, Vázquez ha querido dejar claro que la voluntad de Griñán y Chaves no es otra que aportar "luz y taquígrafos, claridad absoluta y colaboración para poner las cosas en claro y evitar las mentiras, las manipulaciones y los intentos de confundir a la opinión pública por parte del PP" en relación con las irregularidades detectadas en los ERE tramitados por la Junta.
El portavoz ha negado que en el Consejo de Gobierno se haya abordado en alguna ocasión "el trámite y la gestión presupuestaria" de las ayudas sociolaborales vinculadas a la partida 31L, aunque sí se han "valorado políticamente los grandes conflictos sociolaborales". "Si hay un conflicto de Astilleros que afecta a un número importante de trabajadores el asunto se ha valorado políticamente en el Consejo de Gobierno, pero el trámite y la gestión de las ayudas sociolaborales es ya otro cantar", ha subrayado.
En su opinión, "un Gobierno de izquierdas como el andaluz tiene que estar preocupado por los asuntos y los conflictos socioeconómicos, que se abordan y se les busca solución, y eso es lo que pretendía el Gobierno a través de la partida 31L que algunos quieren criminalizar y con ello también a 6.000 prejubilados y a muchas empresas que han conseguido salir de la crisis gracias a la ayuda de la Junta".
"LOS TRIBUNALES DIRÁN SI HA HABIDO O NO CORRUPCIÓN"
Vázquez también ha rechazado entrar a valorar si ha existido "corrupción" en el caso de los ERE irregulares y se ha limitado a señalar que "los tribunales de Justicia dirán cuando se acabe toda la instrucción del caso si ha habido o no corrupción, mientras tanto hay presuntas irregularidades que se están investigando".
"No podemos adelantar al Estado de Derecho. Ha habido presuntas irregularidades, algunas clamorosas pero muy puntuales y que no afectan al conjunto de la partida 31L, que ha tenido un fin social, colaborar a salir de la crisis a muchas empresas importantes y dar una salida a 6.000 trabajadores que se hubieran quedado en el paro y ahora están en situación de prejubilación que les ha ofrecido estas políticas de la Junta de Andalucía", ha concluido.