Según anunció este miércoles el propio presidente andaluz, José Antonio Griñán, el Consejo de Gobierno extraordinario también aprobar requerir al Gobierno central la "revisión" de esta decisión que a su juiico, constituye un "ataque frontal" a esta comunidad que "supone romper la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan" fruto de un "trato discriminatorio" que, de hacerse efectivo, "supondría un golpe durísimo a la educación y sanidad públicas de los andaluces".
Griñán también adelantó que solicitará la convocatoria de un pleno extraordinario del Parlamento andaluz previa a la Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista en septiembre con el objetivo de acudir a esta cita "con una posición unánime en defensa de los intereses de Andalucía", para lo que también abrirá una ronda de reuniones "con agentes sociales y económicos" que permita cerrar un "acuerdo común frente a este ataque frontal a la educación y la sanidad".
"Andalucía exige igualdad de trato porque es y se siente parte de España y quiere colaborar con los objetivos comunes de país, pero no puede aceptar un trato discriminatorio que suponga romper la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan", aseguró el presidente andaluz, que ha exigido al Gobierno central "responsabilidad y lealtad institucional", lo que exige "diálogo, comunicaciones previas e información anterior a las reuniones y que no se produzcan imposiciones de ningún tipo", así como que "no existan discriminaciones por razones políticas o partidarias de unos territorios frente a otros".
Según el presidente andaluz, la aplicación de las decisiones "avaladas" en el CPFF por las comunidades autónomas del PP "supondrían cerrar 19 hospitales, todos los del Servicio Andaluz de Salud (SAS); o despedir a 60.000 empleados públicos, uno de cada cuatro trabajadores de la Junta; o de cerrar la mitad de los colegios de Andalucía, más 2.000", por lo que ha calificado como una "cortina de humo" que las diferencias en el CPFF se presenten como una "contienda entre administración central y comunidades autónomas, cuando se trata de un ataque generalizado contra la educación y la sanidad pública cuyo destinatario fundamental era Andalucía".
"Este no es un episodio de confrontación, sino una discriminación contra Andalucía que pone en riesgo nuestros servicios públicos fundamentales fruto de una decisión tomada sin anuncio previo al menos a la Junta de Andalucía y que choca contra toda lógica elemental", ha insistido Griñán, que ha defendido que "son las administraciones con mayor endeudamiento las que deben hacer un esfuerzo mayor para reducirlo y no las que como Andalucía hicieron sus deberes y hoy tienen menor endeudamiento las que tienen que reducirlo".
En cualquier caso, el presidente andaluz ha querido dejar clara la "voluntad" de la Junta de "cumplir los objetivos de estabilidad" comprometidos por España y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometiese en su entrevista en Moncloa a estudiar su propuesta para una "diferente distribución del déficit" basado en el reparto 60-40 "y la respuesta vino en el CPFF, donde no sólo no se modificó, sino que se incluyó una cláusula de nivel de endeudamiento de la que nadie nos había avisado". "Andalucía ha mostrado su voluntad de cumplir y siempre vamos a defender el valor de España, pero digo también discriminar a Andalucía es la peor forma de defender a España", ha recalcado.