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El destino de los menores marroquíes en Ceuta está ahora en manos de la Justicia. El Ministerio de Interior ya ha contestado a la Audiencia Nacional y afirma que no hubo una orden formal para iniciar las repatriaciones, y también le recuerda a la Audiencia que los juzgados de Ceuta ya se ocupan del caso.
En este contexto, los jueces serán quienes decidan si el convenio bilateral con Marruecos, al que aluden los responsables políticos, basta para repatriar a los menores.
Hoy el Gobierno guardaba silencio, mientras el Ministerio del Interior respondía a la Audiencia Nacional: Marlaska niega que exista la orden de devolución formal, pero reconoce que en un escrito solicitó su retorno atendiendo a la petición de Ceuta.
“Que se cumpla la ley también nosotros lo queremos. Nosotros creemos que se está cumpliendo. Si luego viene un juez y nos dice que no, pues acataremos”, ha dicho Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta.
Entre tanto, a la espera de las resoluciones judiciales, lo que se suceden son las críticas de la oposición:
“El Ministerio del Interior está enfrentado a los jueces y los fiscales, que entienden que están actuando de manera ilegal”, denuncia Jaime Olano, vicesecretario de Participación del PP.
De “auténtica chapuza” lo cataloga Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, quien añade que lo entiende así “no porque lo digamos nosotros, sino porque lo ha dicho un juez”.
Por su parte, la Red Española del Refugiado, autora del recurso en la Audiencia Nacional, cree que Interior responsable de activar un tratado internacional: “Debió de hacerse hace unos meses. Que se pongan en marcha desde ahora: los mecanismos están“, afirma Juan Manuel Muñoz, portavoz de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.
Piden que cesen las devoluciones y se hagan las cosas bien.