El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha convocado a los partidos con representación parlamentaria a un encuentro este jueves para preparar la posición de España en la próxima cumbre de líderes europeos de los días 18 y 19 que debatirá la propuesta sobre un nuevo marco de relaciones del Reino Unido con el resto de la UE, han informado fuentes gubernamentales.
A la reunión, fijada a las 13.30 horas, se ha invitado a los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ante la que comparecerá el ministro la semana próxima --previsiblemente el martes-- para informar del estado de las negociaciones en torno a la propuesta que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha presentado a Reino Unido, y que contempla la posibilidad de que Londres pueda limitar, en circunstancias excepcionales, los beneficios sociales de los europeos que emigren a ese país.
Informes jurídicos con los que cuenta el Gobierno en funciones sostienen que España, para poder dar su consentimiento al acuerdo que se llegue con Reino Unido en esa cumbre europea --si es que se alcanza tal acuerdo-- necesitará el aval del Parlamento precisamente por estar en funciones.
La Ley 50/1977 en su artículo 21 limita la gestión de un Gobierno en funciones "al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".
Y un acuerdo internacional tan atípico y de tal calado como el que se plantea al Reino Unido no entraría en la categoría de asuntos de carácter "ordinario", informan fuentes diplomáticas a Europa Press.
De ahí que los servicios jurídicos del Estado hayan concluido que "el Gobierno debe buscar un mecanismo para superar la restricción" que en este aspecto impone la Ley del Gobierno a un Ejecutivo en funciones.
MANDATO ABIERTO
Y no ven más opción que comparecer en las Cortes con el fin de obtener un mandato "abierto" para poder negociar los últimos flecos de la propuesta y firmar el acuerdo final. De lo contrario, las fuentes consultadas ven "muy complicado" que el Gobierno pudiera firmar un acuerdo que establece una serie de compromisos de obligado cumplimiento para el Ejecutivo siguiente.
De cara a ir fraguando una posición común entre las distintas fuerzas sobre esta cuestión, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, empezó a entablar contactos con los partidos para ir abordando esta cuestión que ahora continuará García-Margallo.
En Bruselas, mientras tanto, no se percibe preocupación por la situación de interinidad del Gobierno español. Fuentes europeas recuerdan que no es inusual que la firma de un acuerdo trascendente coincida con alguno de los 28 Gobiernos de la UE en funciones y señalan que corresponde a cada país asegurarse de que están en condiciones de adoptar decisiones en el Consejo de la UE. De hecho, en la próxima cumbre habrá otro país en funciones, Irlanda, que tiene elecciones a finales de mes.
El aspecto más polémico y conflictivo de la propuesta de acuerdo para revisar los vínculos de Reino Unido con el resto de la UE tiene que ver con el mecanismo de "alerta y salvaguarda" que incluye y que permitiría a Londres limitar las prestaciones sociales a los trabajadores europeos durante sus primeros años en el país, siempre que contara con el visto bueno previo de los Veintiocho.