De este modo, el magistrado ha citado este miércoles, a partir de las 10,00 horas, al exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta y actual presidente de Unicaja, Braulio Medel; al que fuera presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler; al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón, y a Ana María Peña Solís, que fuera secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación.
Las comparecencias de estas cuatro personas, que se fundamentan en que formaron parte del Consejo Rector de la agencia IDEA, fueron fijadas inicialmente para el pasado día 2 de febrero, pero el juez instructor decidió aplazarlas a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Durante el mes de febrero, el juez ya ha tomado declaración dentro de esta pieza a cuatro testigos y a siete ex altos cargos investigados, como son el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez; el exdirector general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos Manuel López Casero; el exdirector de Industria Jesús Nieto, el exviceconsejero de Economía José Salgueiro, el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua, y los exconsejeros Francisco Vallejo y Manuel Recio.
Los dos exconsejeros fueron investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta que perdieron el aforamiento que mantenían por ser parlamentarios. De hecho, Vallejo ya prestó declaración como imputado ante el Alto Tribunal andaluz el día 15 de abril del pasado año 2015.
En su comparecencia ante el juez Álvaro Martín, realizada el pasado 9 de febrero, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo volvió a solicitar el archivo de la causa respecto a su persona al entender que "cumplir la Ley no puede ser nunca un delito" y "por no tener ninguna relación con el asunto de los ERE".
Vallejo reiteró la petición de archivo porque cree que, "después de cinco años de investigación sin que exista ninguna prueba, ningún indicio, ni contra mí ni contra muchísimas otras personas, de Innovación por supuesto ni contra nadie del IFA, ya es el momento de que separen el grano de la paja" y de que siga el procedimiento contra aquellas personas contra las que "de verdad hay algún indicio, alguna prueba".
"ESTOY TRANQUILO"
"Ya está bien después de cinco años de que sigamos sometidos a esta situación, a estas declaraciones permanentes, a estar todo el día en la prensa por no haber hecho absolutamente nada que no sea cumplir la ley todos los años, lo que decía la Ley de Presupuestos que teníamos que hacer, recibir un dinero de Empleo y pagárselo a quien nos decía que teníamos que pagar". "Eso es lo que ha hecho el IFA, durante muchos años, porque así lo decía todos los años la Ley de Presupuestos", subrayó.
A su juicio, "cumplir la Ley no puede ser nunca un delito", por lo que dijo estar "tranquilo desde el primer momento". "Creo en la justicia, no quiere decir que crea en todos los componentes de la justicia, pero creo en la justicia, y por tanto estoy tranquilo desde el día cero", porque "sé que los temas acabarán bien".
De su lado, fuentes del caso informaron a Europa Press de que, en su comparecencia judicial, Vallejo señaló que, durante los cinco años que ocupó el cargo (de 2004 a 2009), únicamente le dedicó "diez minutos" a estudiar las transferencias de financiación, precisando que este tiempo se distribuyó en dos sesiones de dos minutos y de ocho minutos, respectivamente.
RECIO "NO SABÍA LO QUE ERA" LA PARTIDA 31L
De su lado, el exconsejero de Empleo Manuel Recio, cuya defensa la ejerce Antonio Camacho, exministro del Interior en el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, señaló en su declaración que "no conocía" las transferencias de financiación, que "no sabía lo que era" la partida 31L y que "no es experto en presupuestos", aunque sí conocía "el entorno macroeconómico".
Asimismo, y según las fuentes consultadas, Recio dijo que fue en el mes de noviembre de 2010, cuando se tuvo conocimiento de las irregularidades en Mercasevilla, cuando se adoptó la medida de que por parte de funcionarios se hiciera una investigación interna a fin de comprobar si había irregularidades en otros expedientes.
En este sentido, explicó que preguntó a los servicios jurídicos si podía seguir pagando las ayudas otorgadas por sus predecesores y desde estos servicios jurídicos se le contestó que sí "por razones de seguridad jurídica" aunque siempre que no hubiera irregularidades en los expedientes, así como que "nadie le advirtió" de que la Junta no era competente en materia de ayudas sociolaborales.
Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez incluyó a 52 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.
Entre estos 51 ex altos cargos, se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son, además de los expresidentes y de los dos exconsejeros citados, los también exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.