Entre los ausentes figura el secretario general del SAT, Diego Cañamero, que, junto a los otros tres, será citado por el propio TSJA, mediante un exhorto, o vía Guardia Civil, algo que el instructor de la causa, el magistrado Jerónimo Garvín, decidirá en los próximos días, según las mismas fuentes.
La citación se produce después de que el TSJA dictara el pasado mes de mayo un auto en el que procesaba a Sánchez Gordillo y a medio centenar de simpatizantes y militantes del SAT, resolución que sin embargo ha sido suspendida a la espera de tomar declaración a una decena de presuntos implicados que no habían sido llamados a declarar.
Cañamero ya anunció al día siguiente de hacerse público ese auto que no acudiría a "ningún juicio" ni a "ninguna citación judicial" y aseguró que "en cuanto tenga oportunidad" volverá a ocupar de nuevo la parte de Las Turquillas que explota el Ministerio de Defensa y donde se ubica la Yeguada Militar.
La citación ha motivado una concentración a primera hora de este miércoles ante las puertas del TSJA, donde la abogada Irene Lara, que representa a Sánchez Gordillo y al SAT en este proceso, ya adelantó a los periodistas que los militantes se iban a acoger a su derecho a no declarar.
El TSJA, que cifra los daños causados en la finca en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos, atribuye a los imputados los posibles delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto.
El pasado día 29 de abril, Sánchez Gordillo se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor de la causa, pero posteriormente señaló en declaraciones a los periodistas que la ocupación del pasado verano en Las Turquillas fue "pacífica, simbólica y tranquila", por lo que garantizó que "no tiene ningún problema en declarar lo que haga falta" cuando llegue "el momento".
Fue el 23 de julio de 2012 cuando el SAT decidió ocupar Las Turquillas, una finca de titularidad estatal de 1.200 hectáreas, y sobre las 10,00 horas del día siguiente se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.
El 7 de agosto el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo, lo que fue notificado personalmente a los imputados por un capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.