La incapacidad del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos en estos cuatro meses para formar Gobierno no ha sido un obstáculo para coincidir en proponer una campaña electoral más corta y barata.
El reto ha recibido el visto bueno del Gobierno que a través del ministro de Justicia en funciones ya ha recogido el reto. Catalá ha aprovechado una entrevista en Radio Nacional para invitar a los partidos políticos a que, si finalmente hay elecciones el 26 de junio, alcancen un acuerdo para que la campaña sea más corta y más barata. "Podríamos ser imaginativos y encontrar soluciones que hagan más ligera y menos onerosa la campaña", ha dicho.
Así ha defendido que acortar la campaña no es una cuestión estrictamente legal, sino de acuerdo político, así que no ha pedido a la Abogacía General del Estado que lo estudie.
Además, aunque ha reconocido que los acuerdos entre partidos políticos son algo "extraordinario" en estos momentos en España, ha confiado en que sí puedan ponerse de acuerdo en algo "instrumental" como es esto.
Los partidos piden una campaña más barata
Desde Ciudadanos, su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha recordado que la Ley Electoral fija unos plazos muy concretos de campaña electoral, al tiempo que ha asegurado que el desembolso del Estado en el 'mailing' (envío gratuito de propaganda electoral) "es un gasto que no hay manera de ahorrarse".
Así pues, el portavoz de la formación naranja cree que una manera de ahorrar dinero en campaña si se convocan nuevas elecciones generales sería llegar a un "pacto entre caballeros" para que en los 15 días previstos en la ley no se convoquen "actos multitudinarios".
"A mi no me importa, pero, ¿va a estar todo el mundo de acuerdo con eso? Es más difícil de lo que parece acortar o reducir a la nada, a lo simbólico una campaña electoral", ha remarcado, tras lo cual ha subrayado que "la mejor manera de no tener una campaña es que no se repitan las elecciones y que atiendan a razones de una vez aquellos que están bloqueando la situación".
Con esta última frase, Girauta se refería al PP y a su negativa a unirse al pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos. Por eso, considera que los 'populares' quieren repetir las elecciones, pero sin que haya campaña para que los ciudadanos "no les culpen" de ese gasto.
El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, se mostró partidario de "debatir cuántos debates y mitines se celebran", aunque consideró "complicado" acortar las campañas y que mantengan el mismo "grado de intensidad".
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, dijo estar "a favor de reducir partidas de gasto de la campaña". Su partido plantea la supresión del mailing, entre otras medidas. "Los ciudadanos no deben pagar la irresponsabilidad de algunos que han impedido que haya gobierno", indicó.
La diputada de Podemos Irene Montero expresó su acuerdo con la idea de abaratar costes. "Cuanto menos dinero se gaste, mejor", dijo, aunque su formación defiende la utilidad de la campaña.
¿Cuánto costarían unas nuevas elecciones?
Y es que organizar unas nuevas elecciones generales el próximo mes de junio tendría un coste millonario, al menos los 130 millones que costó la maquinaria electoral del 20 de diciembre, más el gasto en campaña de los partidos políticos, que procede fundamentalmente de las arcas del Estado.
La votación en el Congreso para intentar elegir un presidente del Gobierno ha puesto en marcha el reloj electoral: si los partidos no se ponen de acuerdo antes del 2 de mayo, el 26 de junio se celebrarán otra vez las elecciones. Al margen del coste político o social que el proceso pueda o no tener, lo seguro es que costaría dinero.
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a Europa Press, el presupuesto de la maquinaria electoral para las generales de diciembre fue de 130 millones de euros, incluidos los 48 millones de Correos (voto a distancia y propaganda), los 12,8 millones del escrutino y la difusión de los datos, otros 12,59 millones de logística (papeletas, locales, campañas de difusión) y 55,1 millones que se dejan las administraciones públicas en todo el proceso (por ejemplo, el despliegue de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado costó casi 13 millones).
Sin embargo, a estas cantidades hay que sumar lo que se gastan los partidos políticos para 'vender' a sus candidatos, para lo cual reciben importantes subvenciones públicas según los votos y los escaños que lograron en las pasadas elecciones. Es decir, los resultados de diciembre marcarán el gasto en las campañas de junio, si tienen que organizarse.
Además, los partidos políticos pueden sumar también donaciones privadas de personas físicas o por 'crowdfunding' y pedir préstamos a los bancos, siempre que en total no superen un gasto máximo permitido por la Ley Electoral General.
Cómo máximo, 13,5 millones por partido
Para los partidos que se presentan en toda España, ese tope es de unos 13,5 millones de euros: 0,37 céntimos por persona con derecho a voto (36,5 millones de electores).
Sin embargo, sólo PP y PSOE son capaces de acercarse a ese límite y aún así los socialistas se quedaron en diciembre ya a cierta distancia. Según los datos que facilitó a Europa Press, el PSOE gastó unos 9 millones en la campaña del 20D. Podemos, por su parte, invirtió unos 2,2 millones a la campaña y Ciudadanos, cuatro.
En cuanto al PP, no ha dado a conocer cuánto se dejó en esa campaña, aunque tendrá que justificarlo en unos días: todos los partidos tienen obligación de entregar la información de sus gastos al Tribunal de Cuentas a partir del 20 de marzo.
Los dos partidos denominados emergentes financiaron sus campañas con aportaciones de particulares o recurriendo a un préstamo (en el caso de Ciudadanos), pero al tener ya presencia en el Congreso y en el Senado tienen derecho a subvención electoral, se celebren cuando se celebren los comicios.
Para ambos supondrá una importante inyección de dinero, mientras que PP y PSOE deberán atenerse a las consecuencias de haber perdido millones de votos y de escaños, como Izquierda Unida (concurrió como Unidad Popular). Esta última además no recibirá dinero para propaganda electoral, que sólo les corresponde a los partidos con grupo parlamentario en el Congreso, y no es su caso.
Cada partido cobra 21.167,64 euros por escaño en el Congreso. Es decir, 2,37 millones el PP (sin sus coaliciones regionales), 1,8 millones el PSOE-PSC, 850.000 euros Ciudadanos y 870.000 Podemos (también, sin sus coaliciones autonómicas). Además, recibe 0,81 céntimos por los votos con los que ha logrado esos diputados y 0,32, por los que le han dado senadores.