El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz interrogará el próximo viernes a la viuda del exdirector de Recursos Humanos de Caixa Penedès Jaume Jorba para saber cuál fue el origen del dinero que habría recibido tras adjudicarse supuestamente un plan de pensiones millonario, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que imputa un delito societario continuado de administración desleal a cuatro antiguos directivos de la entidad por "garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia", tiene previsto interrogar a la esposa de Jorba en calidad de partícipe a título lucrativo de la citada pensión.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 dio por finalizada la instrucción de esta causa el pasado 6 de marzo y pidió a la Fiscalía y el resto de partes personadas que solicitaran la apertura de juicio oral presentando el correspondiente escrito de acusación o bien el archivo del procedimiento.
La decisión de Pedraz se produjo después de tomar declaración como imputados al exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella y Juan Molina, contra quienes se dirigía la acusación de la Fiscalía Anticorrupción.
En relación con las pólizas que podrían haber percibido, el juez instructor ya impuso a Pagès Fonty a Abellá una fianza correspondiente a las cantidades que habrían obtenido con la operación, más el tercio que establece la ley para satisfacer las responsabilidades civiles que podrían derivarse en el caso de que sean condenados. Pagés obtuvo 10,8 millones de euros y Abellá 1,9 millones.
A ESPALDAS DE LA ENTIDAD
En su auto el juez Pedraz señalaba que Pagès, prevaliéndose de su condición de director general de la entidad y utilizando al fallecido director de recursos humanos Jaime Jorba, "diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcioada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad, pensada para el momento en que por cualquier motivo cesaran o extinguieran su relación laboral".
Así, a partir de 2001 y sus ejercicios sucesivos, los imputados "te autoconcedieron derechos económicos no contemplados en sus contratos de trabajo "de por sí con elevados derechos reconocidos" mediante la suscesiva suscripción de pólizas en AXA AURORA VIDA y Zurich Vida hasta 2010, cuando se produjo la integración de Caixa Penedés en el Banco Mare Nostrum.
La estrategia consistía en realizar actuaciones para blindar los derechos contenidos en las respectivas pólizas y se hicieran efectivos poco después, según explica el auto en el que el juez Pedraz transforma las diligencias de investigación en procedimiento abreviado.
El juez aportaba como indicios las fechas y cuantía de suscripción de las mencionadas polizas de seguro (con una prima inicial de 8.703.853,66 euros la de AXA Aurora Vida con aportaciones totales que llegaron a 20 millones con fondos de Caixa Penedés y de 3.451.142,69 la de Zurich Vida) y los datos sobre su novación, que se realizó igualmente ocultándolo los exdirectivos a los órganos de la entidad y ampliando así de forma fraudulenta sus derechos económicos. Todos ellos contaban ya con un plan de pensiones de elevadas sumas (525.759,32 euros en el caso de Pagés).
Para ocultar sus planes, los exbanqueros consignaron además globalmente en las cuentas anuales de la entidad las aportaciones realizadas a todas las pólizas de seguros de todos los directivos sin desglose o detalle en relación con los imputados. Con igual finalidad se hizo constar en el informe remitido a la CNMV.
Cuando se anunció el proceso de integración dada la delicada situación financiera de Caixa Penedés, los imputados consiguieron proponer a la Comisión Ejecutiva de la entidad unas modificaciones del sistema de retribución variable y compromisos con pensiones, "para con ello dar cobertura a sus ilícitos derechos económicos", según concluye el juez instructor. Dicha modificación se elevó a escritura pública el 2 de diciembre de 2010.
CESARON ANTES DEL CAMBIO NORMATIVO
Además, en el auto se reflejaba que tanto Pagès como el directivo ya fallecido causaron baja voluntaria en sus cargos el 30 de mayo d 2011, pocos días antes de la aprobación del Real Decreto en materia de retribuciones de altos directivos que traspuso al ordenamiento español la normativa comunitaria al respecto.
En el único razonamiento del auto, el juez señalaba que considera ya practicadas las diligencias esenciales para determinar las personas implicadas en los hechos, que a su juicio "pudieran constituir un delito societario continuado de administración desleal".