El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado este viernes prisión sin fianza por los delitos de estafa, blanqueo de capitales, y pertenencia a organización criminal para Esteban Roig, presunto cabecilla de una red de comercializadoras de luz que defraudó más de 61 millones de euros a las empresas generadoras de electricidad.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras tomar declaración a ocho de 18 personas detenidas en la operación puesta en marcha el pasado miércoles por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Barcelona, Madrid, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia. Todos han quedado en libertad sin medidas cautelares excepto uno de los implicados a quienes se le ha impuesto comparecencias quincenales.
El auto detalla la dinámica de funcionamiento de esta red integrada por 13 comercializadoras que defraudó 13 millones de euros a la Hacienda Pública y que actuaba bajo el dominio y directa supervisión de Roig. El juez recalca que el cabecilla tomaba las decisiones de forma "autónoma e independiente" y que su posición de dominio permitió que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes entre los años 2010 y 2017.
Los miembros de esta trama pusieron en marcha comercializadoras eléctricas a las que dotaban de apariencia de legalidad y en sus órganos de dirección colocaron a testaferros para ocultar los verdaderos administradores de las sociedades. El objetivo, explica el magistrado, era evitar que se vincularan con la organización criminal que estaba detrás.
Una vez establecidas en el mercado eléctrico, estas comercializadoras, mediante el uso de agentes comerciales y teleoperadores, captaban clientes ofreciendo el suministro a muy bajo precio, confrontado con el ofertado por el resto de participantes en el mercado, con la finalidad de captar al mayor número posible de clientes.
EVASIÓN DEL PAGO
Transcurrido este periodo inicial de captación, la red --que tenía su centro de operaciones en Madrid-- comenzaba gradualmente a cesar en la adquisición diaria de energía, sin embargo facturaba a sus clientes la energía consumida y no abonada al operador del sistema. De esta forma la evasión del pago de los desvíos hizo que pudieran continuar la obtención ilícita de fondos.
Cuando las empresas pantallas eran inhabilitadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se sustituían por otras, a la que de nuevo se les daba apariencia de legalidad, y eran estas últimas la que continuaban operando en el mercado eléctrico, regresando a la primera fase de captación de clientes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 precisa que, para simular todavía más la estafa, la red dirigida por Roig no hacía desaparecer directamente la empresa inhabilitada sino que la sometía a un proceso de liquidación mediante las sociedades específicas que forman parte del entramado societario de la organización criminal.
ESTRUCTURA VELADA Y ESTRUCTURA VISIBLE
El auto explica que los acusados integraron, por un lado, la estructura velada que operaba como se ha detallado, y por otro una estructura visible, cuya función se focalizaba en la gestión de sociedades que operaban actuando como un canal para el blanqueo de capitales. En esta última área se localizaban los integrantes del centro operativo de Barcelona.
En la ciudad condal estaba ubicada la empresa Fix Control Rate, empresa "fundamental" que operaba como centro neurálgico de la organización criminal. Destaca el juez también la sociedad Ad Legis Servicios Jurídicos, con funciones de asesoría y apoyo en actividades de gestión financiera.
Los investigadores situaron el fraude en un desvío de 14,7 millones de euros hacia la sociedad Fix Control y otro de 18,5 millones hacia el resto de empresas de la red dirigidas por Roig.