A través de un comunicado, Olabarria ha insistido en que, una vez eliminadas las tasas para los particulares, el Gobierno debería ir más allá y derogar la totalidad de la ley aprobada en su momento por Alberto Ruiz Gallardón y que obliga también a pagar tasas a las empresas. En este sentido Olabarria, ha señalado que "las personas jurídicas también tienen derecho a la tutela judicial efectiva".
Además, ha reclamado que, mientras la ley siga vigente, el dinero recaudado por el pago de estas tasas se destine a las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia gratuita. "Hasta el día de hoy no han recibido ni un solo euro y se han visto obligadas a financiar la justicia gratuita con sus propios recursos", ha denunciado.