En su comparecencia ante la Comisión Constitucional, donde ha sido citado por CiU dentro de la ronda de expertos para ilustrar al Congreso sobre nuevas medidas para combatir la corrupción, Cerrillo ha propuesto aprovechar las reformas legales prometidas para incrementar la colaboración ciudadana mediante la regulación de la figura del delator y del denunciante.
A su juicio, quienes mejor detectan los conflictos de intereses son quienes están en contacto con los altos cargos, pero al mismo tiempo están sometidos a presiones profesionales. Su propuesta es habilitar mecanismos de protección para que el denunciante pueda informar a la Oficina de Control de los Conflictos de Intereses sin que tenga riesgo de represalias. De esa manera también se facilitaría que a la Oficina sólo lleguen informaciones razonables y no denuncias falsas.
LAS TASAS PUEDEN FRENAR DENUNCIAS
Otro de los expertos citados este jueves por el Congreso, el catedrático Marcos Vaquer de la Universidad Carlos III de Madrid ha avisado por su parte de que las nuevas tasas judiciales pueden tener una incidencia negativa en el control cívico de las administraciones públicas.
Es decir, ha añadido, que se da un paso adelante con la Ley de Transparencia pero también un paso atrás con unas tasas que dejan "herida de muerte" la acción pública que vigile en materias tan sensibles e importantes como la protección del patrimonio, las costas y el urbanismo.