Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, en una rueda de prensa en la Cámara Baja tras conocerse que el Estado español deberá pagar 24.000 euros a Otamendi por no haber atendido la denuncia que presentó en 2003.
Tras señalar que este tipo de sentencias "en ningún caso pone en juego la credibilidad" de España como un Estado Derecho ha remarcado que el fallo de Estrasburgo debe acatarse y respetarse.