El PSOE se compromete en su programa de '110 medidas' a reformar el sistema de pensiones desde el Pacto de Toledo y el diálogo social y se da cinco años para eliminar el déficit de la Seguridad Social, un objetivo que ya había mencionado la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, el pasado verano.
Para ello buscará que las cotizaciones sociales soporten el gasto de naturaleza contributiva y amentará progresivamente las aportaciones del Estado ante el gasto ligado a la jubilación de la generación del 'baby-boom', que supondrá pasar de pagar las 9,7 millones de pensiones actuales a más de 14,4 millones de pensiones.
El PSOE quiere seguir adelante en la modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que éstos coticen de acuerdo con sus ingresos reales. Se compromete además a continuar mejorando la protección social de este colectivo con la intención de equipararla a la de los trabajadores por cuenta ajena y a extender "gradualmente" los derechos laborales de los autónomos.
Reformar la reforma laboral
En materia de empleo, el PSOE tampoco habla ya de derogar la reforma laboral, sino de eliminar los "aspectos más lesivos" de la misma y de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI. También se compromete a seguir aumentando de manera gradual el salario mínimo, hasta alcanzar el 60% del salario medio y a reordenar los contratos para dejarlos en tres modalidades: indefinido, temporal y formativo.
Los socialistas se proponen abordar los problemas estructurales del mercado laboral (paro de larga duración, rotación, temporalidad, parcialidad involuntaria), reforzando la causalidad de los contratos temporales y el Plan de Empleo Digno, reformulando las políticas activas de empleo, impulsando la formación continua y promoviendo un Plan Nacional de Empleo que incluya medidas especiales para incentivar el empleo en el mundo rural. Se plantean asimismo diseñar un plan de choque por el empleo para las mujeres que permita reducir la brecha de género en el mercado laboral.
También pretenden reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incorporar nuevos riesgos ambientales y tecnológicos; lanzar una oficina nacional de emprendimiento para asesorar a los emprendedores frente al reto digital, e impulsar la economía social, modificando el régimen fiscal de las cooperativas y sociedades laborales.