Así lo han explicado este viernes a los periodistas el líder de los socialistas alicantinos, David Cerdán, el exministro de Justicia y actual secretario general provincial del PSdG en A Coruña, Francisco Caamaño, y el presidente de la citada asociación, Francisco Miguel Pacheco, con motivo de una reunión mantenida en la capital alicantina.
En el escrito remitido al PE, se especifica que el Gobierno de España ha participado en el Programa Operativo Plurirregional 'Adaptabilidad y Empleo' del Fondo Social Europeo para el periodo 2007-2013, que tenía como objetivo "fundamental" la empleabilidad, la mejora de las capacitaciones de los trabajadores y la generación de nuevas empresas dirigidas por colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral.
Este programa establecía una aportación total para ese periodo de más de 4.301 millones de euros para distribuir en función de los parámetros establecidos en el documento. Igualmente, han señalado que este plan se desarrolló con normalidad en la Comunidad hasta 2009, "cuando comienzan los impagos" desde el Servef a los beneficiados de las ayudas.
De este modo, los denunciantes detallan que, en la actualidad, en la región valenciana "se ven afectadas" por la falta de abono de estas subvenciones casi 6.000 personas que se acogieron al programa, que iniciaron una actividad empresarial o industrial "y llevan esperando más de 30 millones de euros que no les llegan" de los ejercicios 2011 y 2012.
"NO EXISTE CALENDARIO DE PAGOS"
Asimismo, han indicado que las partidas de 2010 se terminaron de pagar en abril de 2013, si bien para las de los citados años "no existe ni siquiera un calendario de pagos", una situación que, a su juicio, "pone en dificultades los proyectos empresariales y profesionales que fueron financiados por el Fondo Social Europeo".
Para la plataforma y el PSPV, el problema es "mayor" cuando "hay la certeza" de que tanto la administración europea, como el Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal de Promoción del Empleo (SPEE), "han realizado las transferencias de fondos" hacia la Generalitat, un aspecto que, en su opinión, "hace suponer que el dinero ingresado" en el Ejecutivo valenciano "haya sido destinado a otras finalidades ajenas al Programa Operativo o a cualquier actividad de impulso económico, apoyo al emprendedor o al trabajador por cuenta propia".
Además, han apuntado que "así lo corrobora" el informe de 2011 de la Sindicatura de Cuentas, que señala en su auditoría que el SPEE realizó a la Generalitat ingresos trimestrales por valor de más de 239 millones de euros, "sin que esa cantidad haya sido remitida al Servef".
Esta situación, "está provocando que cientos de autónomos y emprendedores hayan tenido que cerrar sus negocios por no llegar a tiempo el dinero de la subvención", así como que "otros hayan recurrido a otro tipo de financiación, ya sea de familiares o, en el mejor de los casos, de bancos, pagando intereses muy elevados".
"LA INDECENCIA NO ES UN DELITO"
Por su parte, Caamaño, preguntado en calidad de extitular de Justicia sobre si estos hechos pueden suponer delito, ha considerado que "no siempre es una cuestión de ilegalidad o de imputar a la gente, y de llevarla a los tribunales". "Hay una cosa en un estado democrático que se llama decencia, y la indecencia no es un delito, pero en democracia es algo muy grave, y lo que tiene que hacer una administración es no generar expectativas falsas", ha recalcado.
Igualmente, ha señalado que "si uno va a pedir ayudas europeas para los emprendedores, a la hora de hacer su gestión de gobierno, debe no jugar con la esperanza de esas personas, y saber que esos recursos no los puede dedicar, aunque los necesite, a otros fines distintos, porque no sólo no está consiguiendo el objetivo que pretende, sino que está desilusionando a la población en un momento de mucha dificultad".
Así, ha indicado que "probablemente" esta situación no represente "ningún delito establecido en el Código Penal", aunque ha agregado que "desde el punto de vista democrático, es algo éticamente insoportable por cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social".
Interpelado por la posibilidad de que se incurriera en malversación de fondos públicos, ha explicado que "lo que ocurre es que no destinan nunca" ese dinero, "sino que demoran el circuito contable y retrasan el pago, con lo que van tapando agujeros durante un tiempo, y pagan después, probablemente con dinero de otras partidas, es una técnica de dilación presupuestaria de pagos", ha dicho.