El empresario Alexander Romanov, uno de los principales sospechosos de la organización criminal rusa conocida como 'Taganskaya' y acusado de blanquear en Mallorca más de 14 millones de euros procedentes de su actividad criminal en Rusia, ha reclamado este viernes la nulidad de las pruebas en las que la Fiscalía sustenta sus imputaciones.
Durante su intervención en la primera jornada del juicio que por estos hechos se celebra en la Audiencia Provincial de Baleares y que prevé prolongarse hasta el 3 de junio, la defensa de Romanov, ejercida por el penalista Cristóbal Martell, ha recriminado la vulneración del derecho fundamental a la intimidad, el secreto comunicaciones y la tutela judicial efectiva durante este procedimiento judicial.
En la denominada fase de cuestiones previas, el abogado ha lamentado la "estigmatización" de su patrocinado por el hecho de ser ruso y ya haber sido anteriormente condenado. A su juicio, para la Fiscalía "ruso que trae dinero a España que ya resultó condenado" se traduce en "blanqueo de capitales".
En concreto, la Fiscalía reclama 17 años de cárcel para el inculpado al acusarle de articular los mecanismos para que los fondos entraran en España con apariencia de origen lícito. Para ello, el Romanov se habría valido de la colaboración de su familia y otros profesionales como abogados y gestores, que figuran entre los otros once acusados que junto a él se sentarán en el banquillo.
La acusación pública les imputa delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, delito contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y revelación de secretos. Está previsto que, tras esta primera jornada, el juicio continúe del 16 al 20 de mayo y finalmente prosiga del 30 de mayo al 3 de junio.
Se da la circunstancia de que la Sección Segunda de la Audiencia acordó en diciembre del pasado año prorrogar, por riesgo de fuga, la situación de prisión provisional en la que se encuentra Romanov desde hace más de dos años. Sus abogados solicitaron su excarcelamiento al aseverar que el encausado ya había cumplido el máximo legal de dos años en prisión preventiva. Un periodo que, no obstante, puede prorrogarse dos años más para el caso de delitos penados con más de tres años de privación de libertad.
Romanov ingresó en prisión en diciembre de 2013 tras una operación coordinada por Europol que se realizó contra una de las más importantes organizaciones criminales moscovitas, especializada en los denominados raids, que consisten en la apropiación de empresas por medios violentos e ilegítimos y su posterior quiebra fraudulenta.
La Sala alegaba la proximidad del juicio y, por tanto, una probable condena "a muy elevadas penas", por lo que "su deseo por eludir tales responsabilidades se adivina mayor y más intenso que el que pudiera percibirse al principio de la instrucción de esta causa".
Asimismo, apelaba a tener en cuenta "la peligrosidad" del acusado derivada de su presunta pertenencia "a una organización criminal mafiosa que utilizaría la violencia física y la extorsión para hacerse con la propiedad de distintas empresas y descapitalizarlas" -empresas que estarían radicadas en su país de origen-, además del hecho de disponer "de bienes e importantes contactos en Rusia, que podría utilizar para, de ser liberado provisionalmente, darse a la fuga".
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