El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este miércoles a tres testigos del 'caso Gürtel' por los "cuantiosos pagos" que el exconsejero de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo presuntamente recibió de la red de empresas liderada por Francisco Correa, informaron fuentes jurídicas.
Los comparecientes son Carmen García Expósito, que era jefa de la Secretaría de la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno regional cuando López Viejo simultaneaba este cargo con sus funciones como consejero, y Javier Peña, director de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid en 2007.
Además, el magistrado ha citado a declarar a la persona que firmó uno de los contratos que son objeto de la investigación, en concreto, la factura y propuesta de la adjudicación de la presentación del Parque Forestal del Sur.
CUATRO EMPRESARIOS IMPUTADOS
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también tomará declaración el jueves a cuatro empresarios que presuntamente intermediaron en el pago de comisiones a López Viejo: Juan Ignacio Hernández Rodríguez, vinculado al Grupo Elba; Antonio Martín Sánchez, relacionado con MQM; y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno, administradoras de varias sociedades del Grupo Rafael.
En un auto dictado el pasado 30 de mayo, el juez destacaba que desde el entorno de Correa "se habrían efectuado cuantiosos pagos" a López Viejo como consecuencia "de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y Consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".
El magistrado explicaba que para facilitar el fraccionamiento de los contratos y así simular "una concurrencia de distintas sociedades", realmente vinculadas con el mismo grupo, Correa empleó no sólo empresas vinculadas con él si no también otras, que accedían a figurar en los documentos oficiales a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento.
El cabecilla de la red 'Gürtel' contaba con la "connivencia" de los gestores de las empresasas para realizar este tipo de operaciones, de las que tenía también "conocimiento" el entonces consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre.
FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS
Además, Ruz pedía a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ampliara el informe que realizó el pasado 30 de abril y que ha motivado los nuevos interrogatorios. En él se aseguraba que la Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley.
Del desglose de los actos contratados por cada consejería se desvelaba que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que dirigía López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85 euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por importe de 974.107,45 euros.
En el examen de la documentación analizada se ponían de manifiesto, según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es muy posterior a la celebración del acto y actos en los que intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente de contratación sino que se limitan a pagar una factura por indicación del titular de una consejería determinada".
También se destacaba que se llevaron a cabo actos "negociados sin publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios aplicables a la contratación pública".