El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado este jueves una providencia que da impulso a la pieza separada del "caso Gürtel" en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP. Entre otras cosas, solicita a la intervención general de la Administración del Estado (IGAE) que designe dos funcionarios de este cuerpo que sean diferentes a los que ya le prestan auxilio judicial en la pieza principal del "caso Gültel" y que estén especializados en contratación con la Administración Pública.
Las decisiones adoptadas por Ruz buscan agilizar, según han confirmado fuentes jurídicas, el ánalisis de la documentación solicitada a mediados del pasado mes de marzo al PP sobre la contabilidad del partido en los últimos 15 años. En concreto, se le pidió que entregara su contabilidad entre los ejercicios 1990 y 1999, así como las comunicaciones de las donaciones que recibió entre 1990 y 2011.
En la providencia dictada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se designa además a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía como "fuerza policial actuante" para hacer los correspondientes informes.
Además, rechaza a los dos funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado que se le han ofrecido para prestar auxilio judicial en este asunto porque son los mismos que ya colaboran con él en la pieza principal del "caso Gürtel". Requiere que el personal de este departamento para la pieza secreta sea diferente y además cuente con un mayor grado de especialización en temas de contratación pública.
Finalmente, el juez cita para mañana viernes a dos funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, para que presten juramento. En fuentes del caso se señala que los informes que realicen todos estos especialistas serán decisivos para empezar a citar a los querellados en este procedimiento.
Por el momento, el PP solo ha entregado al juez datos de sus cuentas desde el año 1995 porque no dispone de los anteriores. Ruz solicitó hace dos semanas al partido que le entregara su contabilidad entre los ejercicios 1990 y 1999, así como las comunicaciones de las donaciones que recibió entre 1990 y 2011.
De hecho, el partido ya reconoció públicamente que no dispone de datos anteriores a esa fecha en un informe elaborado por la tesorera del PP, Carmen Navarro, al hilo de las informaciones publicadas en enero sobre una presunta contabilidad opaca y supuestos pagos en negro a la cúpula del PP por parte de Luis Bárcenas.
También reclamó el juez al PP que identificara las cuentas bancarias destinadas a esas donaciones y que le remitiera información sobre la identidad de las personas que han ocupado los cargos de tesorero, gerente y jefe de contabilidad de esa formación. Igualmente, el juez demandó información sobre los movimientos de una cuenta denominada 'Donativos del PP' con el detalle de los ingresos y gastos consignados entre 1990 y 2011.