Societat Civil Catalana (SCC) ha afirmado que, tras la sentencia del TC que considerara inconstitucional los preparativos del 9N, son los organizadores del proceso participativo los que tienen que hacerse cargo de los costes "de su bolsillo".
"No es de recibo que el erario público asuma los gastos de una actuación que se sitúa no solamente fuera del marco legal si no frente a éste", explica la plataforma en un comunicado que añade que deben ser las autoridades y funcionarios promotores y organizadores de la consulta quienes lo sufraguen.
Según SCC, la sentencia supone una "clara desautorización" al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y debe tener también consecuencias políticas siendo, a su juicio, la más obvia y evidente, su dimisión.
Han esgrimido como motivo del cese de Mas en sus funciones, el no haber sabido encauzar "por la vía legal y constitucional" el debate político de Catalunya.
SCC ha asumido que Mas no dimitirá, por lo que advierte al resto de fuerzas de que "quien se aparta conscientemente de la senda legal no debería contar con el apoyo de quienes se muestran comprometidos con la legalidad y la democracia".
Para la plataforma, la decisión del TC estaba al alcance de cualquier observador imparcial: "La consulta suponía una vulneración directa y flagrante del orden constitucional y la actuación de la Generalitat carecía de ningún tipo de cobertura legal".
A juicio de SCC, el dictamen del TC procede a acelerar el proceso destinado a investigar responsabilidades penales derivadas de la desobediencia a la prohibición expresa para realizar dicha consulta.