El pasado día 16 de octubre una sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo falló que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, llamado impuesto de hipoteca, debía asumirlo el banco y no el cliente, como hasta ahora. El revuelo fue tal que las entidades financieras se desplomaron en bolsa y algunos hablaron de colapso económico por la gran cantidad de dinero que tendrían que devolver los bancos.
La cosa no quedó ahí. Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo optó por frenar los recursos pendientes que ya tenían fecha de revisión y decidió convocar un pleno de 31 magistrados para decidir si definitivamente pagará la banca o no la polémica tasa. Tras una reunión con el presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, que justo hoy ha pedido perdón por la gestión del asunto, se fijó la cita de los 31 magistrados para el cinco de noviembre.
Hemos hablado con Ramón Casero Barrón, el abogado demandante del caso que ha abierto la caja de pandora. “Ya hay doctrina. Las dos últimas sentencias notificadas ayer recogen que, por “unidad de doctrina, por seguridad jurídica y por igualdad en aplicación de la ley transcribimos la sentencia del 16 de octubre””. Por esta razón el criterio del Supremo el día cinco será “mantener dicha unidad de doctrina. De lo contrario se vulnerarían esos principios fundamentales de seguridad jurídica e igualdad”.
Sobre los cambios de postura del Supremo y el caso insólito de que tenga incluso que emitir un comunicado, Casero Barrón ha afirmado que “a los jueces no les corresponde intervenir en la economía, tienen que aplicar la ley. No son salvadores de un país”.
Lo que si pueden hacer los jueces, explica el letrado, es “matizar los efectos de una sentencia”. Pone como ejemplo que el Tribunal Constitucional en 1989 declaró nula le ley de IRPF pero por las graves repercusiones que esta decisión podía traer estableció que fueran “nulas a futuro o para casos pendientes de resolución en vía administrativa o judicial”. Lo mismo podría hacer el día cinco de noviembre el Supremo. No obstante, señala que “las leyes le conceden un margen muy estrecho a este Tribunal para tomar una decisión de este tipo”.
¿Colapsará el sistema financiero?
“Hay un baile de cifras muy importante” de lo que supondría que se confirme que los bancos deben asumir el impuesto de hipotecas. “Se está abusando del tremendismo. Estamos saliendo de la crisis y tanto el número de hipotecas ha sido menor y también las cuantías de las mismas. No supone una hecatombe como se argumenta”.
Quienes podrán reclamar que le devuelvan el dinero que pagaron en impuestos serán quienes constituyeran su préstamo hipotecario en los últimos cuatro años. En este caso los ciudadanos tienen que pedir a las comunidades autónomas la devolución de ingresos indebidos, explica el letrado.
El problema –dice- puede venir “por los años anteriores hasta 1990. En este caso, la posibilidad que se abre al ciudadano es pedir una indemnización por daños y perjuicios al estado que hizo la ley”. Dichas indemnizaciones no repercutiría en la banca.
Casado Barrón advierte de que la banca repercutirá el impuesto en sus clientes. “Ya lo hacía hace 50 años con el entonces llamado impuesto del timbre”. A partir de ahora, con una decisión favorable a la gente que se espera el lunes cinco de noviembre, el ciudadano podrá negociar que no le cobren dicha tasa o irse a otra entidad que se la quite. La gente ganará en “transparencia y capacidad de negociación”.