En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, los magistrados consideraron a José María Cepeda autor de un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas. Sin embargo, la Sala le absolvió del delito contra la ordenación del territorio del que había sido acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente.
Además, la Audiencia condenó al exedil de Hacienda Miguel Ángel Gálvez a cuatro años y dos meses de inhabilitación, así como a seis años y cuatro meses de inhabilitación al técnico municipal Jesús Antonio Segado. Y absolvió también a otros tres exediles que habían sido implicados en este caso.
Cepeda se enfrentó a una petición de la Fiscalía de Madrid de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros, pero la pena quedó reducida a seis años y cuatro meses de inhabilitación.
El representante del Ministerio Público Emilio Valerio les acusó de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusó de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.
La resolución recogió que Gálvez, con el respaldo del exalcalde, presentó y logró la aprobación por parte de los plenos en los ejercicios de 2000 y 2001 de varias facturas a favor de las empresas constructoras Maconsa, Mafasa y Aldisa, "facturas de las que no había constancia en los departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención del Ayuntamiento al no existir ningún tipo de documento contractual o administrativo que habilitara la prestación de los servicios de obras o suministros indicados o justificara la realización de los mismos".
Además, añadió que en los ejercicios de 1998 a 2001 se emitieron facturas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles, "frente a las cuales los interventores formularon reparos en varios informes". "Ni el alcalde ni los concejales responsables adoptaron medidas adecuadas para eliminar las irregularidades que dieron lugar a tales reparos", señaló el fallo.
Asimismo, el tribunal recalcó que de ninguna de las facturas aprobadas por el sistema de reconocimiento contractual existía "expediente de contratación o de gasto con anterioridad a la presentación por el concejal".
DELEGACIÓN DE CUESTIONES URBANÍSTICAS
En el punto de mira estaba el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95 por ciento de las adjudicaciones caían en Maconsa.
En su declaración, el exregidor aseguró que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos", recalcó en el juicio y añadió que los ediles tenían instrucciones para ajustarse al presupuesto.