El Tribunal Supremo ha solicitado al Ministerio del Interior que ponga en marcha el traslado de los nueve políticos catalanes encarcelados para el juicio. El juez Manuel Marchena pide que se haga de cara a empezar el juicio "en la última semana del corriente mes de enero", según desvela la cadena Ser.
Marchena ha enviado un escrito en el que reclama al ministerio que "adopte las decisiones que resulten indispensables" sin especificar los centros penitenciarios de destino puesto que es una competencia de Interior y previsiblemente serán algunos de los ubicados en Madrid, Marchena pone énfasis en que estos traslados se realicen sin "detrimento de la seguridad" necesaria y "en condiciones que respeten su dignidad y el derecho a todo acusado a un proceso sin dilaciones indebidas".
El artículo 664 de la LeCrim establece que, una vez señalada la vista oral, "los procesados que se hallen presos sean inmediatamente conducidos a la cárcel de la población en que haya de continuarse el juicio". Por su parte, el reglamento penitenciario sustituye la inminencia a la que se refiere la LeCrim por una "antelación mínima de treinta días".
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