En su auto de este miércoles, el juzgado afirma que el demandante está legitimado para solicitar que sus datos personales no sean cedidos a la Generalitat, "y pretender la suspensión de este acto en cuanto afecta a sus derechos fundamentales, pero no pretender que la suspensión alcance a los datos del resto de vecinos".
Pese a que la Fiscalía pidió que se suspendiera este acuerdo íntegramente, el juzgado no lo admite porque no es "la parte actora en el procedimiento" y no puede actuar en nombre de terceras personas que no han recurrido, aunque deja la puerta abierta a que pueda presentar esta petición como representante del interés público, lo que en este caso no ha ocurrido, precisa el juzgado.