Los recurrentes, José Antonio Martínez Martínez y María Pino Manzano, presentaron varias denuncias ante los tribunales españoles por los ruidos y el polvo que provocaba la instalación aunque ninguna de ellas llegó a prosperar, informó el TEDH.
Posteriormente, se dirigieron al Tribunal de Estrasburgo invocando los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establecen, respectivamente, el derecho a la vida y al respeto a la vida privada y familiar.
La pareja se queja de haber sufrido problemas de salud por los ruidos de la cantera sin haber recibido ningún tipo de indemnización y denuncia que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no tomó en consideración un informe pericial que demostraría los perjuicios que la cantera provocaba en su integridad mental.