El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la inadmisión de la querella por malversación de fondos públicos presentada por la asociación de juristas Preeminencia del Derecho por los viajes de fin de semana de hasta cuatro días que habría realizado el ex director del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el dimitido Carlos Dívar, con cargo al presupuesto de este órgano.
La decisión cuenta con el voto particular discrepante de los magistrados José Manuel Maza, Perfecto Andrés, Joaquín Giménez y Alberto Jorge, que son los mismos que durante la reunión del pasado 13 de junio defendieron a la admisión de la querella.
A juicio de la Sala, que niega haber actuado parcialmente en este caso, las alegaciones realizadas por la acusación popular no justifican un cambio de postura respecto al archivo inicial.
La resolución señala que la existencia de votos particulares demuestra que cuatro de los quince magistrados que ese día conformaban el Pleno no estaban de acuerdo con la decisión de la mayoría, pero en modo alguno que se valoraran parcialmente los hechos o el derecho aplicable al caso.
NO HAY DATOS NUEVOS
El auto, del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Juan Saavedra, agrega que Preeminencia del Derecho no ha aportado dato alguno que permita sostener los hechos denunciados respecto a Dívar y sus viajes o la relevancia penal de los mismos. Tampoco considera vulnerado el derecho de igualdad de las partes en el procedimiento ni que se haya cuestionado la legitimidad de la acusación particular.
Durante el estudio de la querella el pasado mes de junio quedó fuera del Pleno de la Sala de lo Penal el magistrado Francisco Monterde para sortear una eventual 'contaminación' de todo el tribunal en el caso de que la querella hubiera sido admitida a trámite y hubiera sido necesario buscar un instructor imparcial.
Ya en dicha ocasión, los magistrados tuvieron sobre la mesa el informe en el que la Fiscalía del Tribunal Supremo se opuso a la admisión de la querella interpuesta en relación con una primera veintena de viajes realizados a Marbella (Málaga) por valor de 13.000 euros.
No obstante, a juicio de la asociación querellante, presidida por el abogado murciano José LuisMazón, el presidente del órgano de gobierno de los jueces podría haber incurrido en delito de estafa o apropiación indebida, o en su defecto malversación de caudales públicos, penadas con cárcel e inhabilitación.