Cinco guardias civiles y cinco emigrantes resultaron heridos durante el salto, que la Delegación del Gobierno describió como uno de los más tensos en la zona fronteriza. Grupos de subsaharianos que se aproximaron a la zona desde el monte Gurugú consiguieron superar a las fuerzas marroquíes y llegar hasta la valla sirviéndose de "una violencia inusitada, provistos de piedras, palos, cuchillos, ganchos, cuerdas y otros objetos contundentes".
Un total de 140 emigrantes acabaron encaramados a la valla varias horas y mostraron "abierta actitud de violencia y hostilidad contra los agentes de la Guardia Civil, a los que lanzan parte de las ropas que vestían tras rociarlas previamente con gasolina y prenderlas fuego". "Los forcejeos con los guardias han adquirido una violencia extrema", indicó también la Delegación de Gobierno.
El denunciante acusaba a los agentes y al ministro de delitos de coacciones, un delito contra los derechos individuales, cívicos, prevaricación y omisión del deber de socorro. Aseguraba que los guardia civiles golpearon a varios de los subsaharianos encaramados a la valla y devolvieron a muchos a Marruecos a pesar de que se encontraban heridos y sin proporcionarles asistencia médica.
El auto del alto tribunal indica que no existe "ni siquiera un mínimo e inicial nivel indiciario para atisbar algún tipo de responsabilidad penal" por parte del ministro. Indica al denunciante que, si lo estima conveniente, se dirija a los juzgados competentes en relación con la actuación de los agentes, sobre la cual no se puede pronunciar.