El auto concreta que los informes emitidos por la Unidad Central de Delincuencia Económica de la Policía y la propia Fiscalía Anticurropución revelan que "la posible percepción por los diputados autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor de importantes cantidades de dinero en atención a sus actividades de mediación e influencia, con motivo de la adjudicación de contratos a varias empresas" relacionadas con imputados en la causa tramitada por Garzón.
En relación con López Viejo , se dice que declaraciones de alguno de los imputados por Garzón apuntan que pudo aprovechar o sus cargos públicos anteriores (Viceconsejero de Presidencia), "para favorecer a alguna de esas empresas", y que en la documentación incautada, representativa de una Contabilidad "B", "parecen corresponder algunos de los apuntes a cantidades entregadas a esta persona por personas vinculadas a sociedades adjudicatarias de contratos suscritos con entidades públicas".
Sobre Martín Vasco , el auto señala que las mismas declaraciones y documentación son indicativas de la posible realización por éste - que además de diputado regional fue presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey de 1997 a 1999- "de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese Ayuntamiento, así como la percepción de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".
Finalmente, se señala sobre Bosch que cuando desempeñaba su cargo de Gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), "percibió importantes cantidades que podrían tener relación con la adjudicación de contratos a empresas del entramado societario de Francisco Correa (presunto líder de la trama de corruptelas), favorecidas por la intermediación de aquél". Tratándose estos tres diputados de personas "respecto a las cuales el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece que su inculpación, prisión, procesamiento y juicio corresponden al TSJ de Madrid, la Sala Civil y Penal de este Alto Tribunal considera que es la competente para instruir el procedimiento", añade el auto.
Además, la resolución ya señala que "los hechos que resultan de estos primeros indicios reúnen, inicialmente, los caracteres de infracciones penales" que podrían corresponder a los delitos de cohecho o bien tráfico de influencias.
Finalmente, y dado que Garzón indicó expresamente en su auto de inhibición que remitía la causa al TSJM "para la asunción de competencia de todo o parte de esta causa", el tribunal madrileño señala que entre los hechos susceptibles de ser imputados a López Viejo, Martín Vasco y Bosch y el resto de las actividades ilícitas imputadas a las demás personas que aparecen en las actuaciones "parece existir una gran vinculación".
"El entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas por métodos similares a los que afectan a estos aforados, en los que estarían implicadas otras autoridades o funcionarios públicos", sigue el auto, para concluir que "la investigación conjunta, en un solo procedimiento, de todas esas actividades resulta así esencial", por lo que reclama del Juzgado de Garzón "la remisión de la totalidad de la causa".