El pasado 22 de enero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó a Grande-Marlaska reabrir esta parte de la investigación sobre el accidente del Yak-42. Ahora los representantes legales de las familias y el presidente de la asociación de familiares, Pacho González, consideran que "hay indicios suficientes de culpabilidad" para imputar a distintos mandos de la cúpula militar y política.
Los demandantes han asegurado que existen "hechos objetivos", entre ellos ha indicado que el Ministerio de Defensa sabía que hubo quejas previas al accidente sobre la seguridad de los vuelos contratados.
Las familias creen que "ya es hora de depurar responsabilidades". Esta es la primera vez que la Asociación de familiares de las víctimas del Yak pide la imputación directa de Trillo en esta causa y se produce cuando están a punto de cumplirse los cinco años del siniestro aéreo.
El representante legal de esta asociación, Leopoldo Gay, ha aclarado que en sus peticiones no se habla de acusaciones sino de imputaciones, y ha concretado que Trillo "puede ser un delincuente porque ha podido cometer delitos". También se solicita la imputación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá, los jefes del Estado Mayor del Ejercito (JEME), Luis Alejandre, y del Aire (JEMA), Eduardo González-Gallarza, y del Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), Juan Luis Ibarreta. CGS