En el texto, señala que la posibilidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares deberá ser concedido en su caso en el ámbito de las correspondientes renovaciones de las autorizaciones de explotación de cada una de ellas y dependerá de su cumplimiento de los requisitos que les imponga el Consejo de Seguridad Nuclear.
La respuesta parlamentaria, con fecha de 30 de diciembre de 2014, subraya que el CSN es el "único" organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica y que éste es "independiente" del Gobierno.
En todo caso, en su respuesta al diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela respecto a la ampliación de las plantas atómicas hasta 50 años, el Ejecutivo recuerda que su política energética se basa en la existencia de una diversificación, equilibrada y sostenible, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico, en la que se cuente con todas las fuentes energéticas y las capacidades disponibles.
En consecuencia, insiste en su criterio de que mientras una central cumpla con los criterios de seguridad que le imponga el CSN, "en las circunstancias económicas actuales y siendo España uno de las Estados miembros de la Unión Europea con una mayor dependencia energética del exterior, no se puede prescindir ni infrautilizar ninguna fuente energética".
Así, para el Gobierno "la energía nuclear debe seguir contribuyendo a la seguridad del suministro energético, la optimización de los costes energéticos y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero".