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Mucho antes de que el mundo se viera sacudido por el coronavirus llegado de China, Marruecos había cerrado de manera unilateral la aduana comercial de Melilla –creada tras la independencia del Reino alauita en 1956- en agosto de 2018 y prohibía el contrabando –el eufemísticamente denominado ‘comercio atípico’- desde Ceuta en octubre de un año después. El entonces portavoz del Gobierno de Marruecos Mustapha El Khalfi calificaba la medida de “decisión soberana”. Uno de los semanarios más populares del país, Maroc Hebdo, aseguraba en septiembre de 2018 que “el presidio ocupado de Melilla está al borde de la asfixia desde el cierre, por decisión de las autoridades marroquíes, de su frontera comercial con Marruecos”.
Pocos meses después llegaría el covid-19 y, con él, el cierre de las fronteras de las dos ciudades autónomas con Marruecos. No haría, pues, falta una estrategia continuada de Rabat para “asfixiar” la economía de las dos ciudades. La crisis bilateral que durante más de un año vivieron España y Marruecos retrasó la reapertura hasta el 17 de mayo pasado, justo un año después de la entrada de diez mil jóvenes marroquíes y subsaharianos a suelo ceutí gracias a las facilidades de las fuerzas de seguridad de Rabat. Habían pasado dos años, dos meses y cuatro días desde el fatídico 13 de marzo de 2020.
Cerradas las fronteras al comercio –el volumen de la actividad en torno a Ceuta, Melilla y Marruecos se estimaba entre 1.500 y 2.000 millones de euros anuales y decenas de miles de familias vivían de él directa o indirectamente-, la clausura fronteriza dejaba además atrapados a varios centenares de marroquíes en las dos ciudades autónomas y acababa, de golpe y porrazo, con el modo de vida de más de 7.000 trabajadores transfronterizos. Entretanto, en junio de 2021, el presidente de la Cámara de Representantes de Marruecos hablaba de Ceuta como “una ciudad marroquí ocupada”.
A día de hoy, entrados en junio de 2021, sólo pueden traspasar las fronteras de Ceuta y Melilla los ciudadanos de la UE, personas autorizadas a desplazarse por el espacio Schengen y transfronterizos con la documentación en regla. Atrás quedó, ya muy lejos en el tiempo, el patético espectáculo de las mujeres porteadoras en el Tarajal y Beni Ensar. De facto, a día de hoy la situación es la de un Schengen encubierto.
Desde que el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al plan de autonomía bajo soberanía marroquí para el Sáhara Occidental –expresado en una carta enviada al rey Mohamed VI el 14 de marzo pasado, solo conocida por la opinión pública española tras ser difundida por el Palacio Real marroquí-, las autoridades de los dos países negocian los términos de la nueva paz, que tienen en la definición de las fronteras de Ceuta y Melilla uno de sus principales escollos.
De la visita de Sánchez a Rabat el pasado 7 de abril nació la conocida como Declaración Conjunta. El punto tercero de la ‘hoja de ruta’ del documento para la “nueva etapa en el partenariado entre España y Marruecos” fija como objetivo común “la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías (…) de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”.
A pesar del eufemismo –“mecanismos de control aduanero”-, en la misma rueda de prensa posterior a su encuentro con el rey de Marruecos, Sánchez daba por hecho que la aduana en la frontera de Melilla, cerrada desde 2018, volvería a funcionar, así como la creación de una nueva –nunca la hubo- en Ceuta.
Para España la implantación de aduanas supondría no sólo la recuperación de una parte de la actividad comercial desaparecida en los últimos años, sino una manifestación de soberanía –en ausencia de garantías sobre la integridad territorial en la Declaración Conjunta- frente a las reclamaciones de Marruecos sobre las dos ciudades, que Rabat considera ocupadas.
Aunque no siempre con demasiada claridad, en el mismo sentido se han expresado el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores José Manuel Albares. Para el Ejecutivo la prioridad es no importunar a Rabat en un momento como el actual. Mientras tanto, desde Marruecos su Gobierno ha evitado siempre manifestarse sobre la cuestión.
La prueba más evidente de las reticencias de Marruecos hacia las aduanas fueron las declaraciones del director general de Aduanas e Impuestos Indirectos, Nabyl Lakhdar, en una entrevista la semana pasada con el semanario TelQuel. El alto funcionario de Rabat daba prácticamente por descartada la infraestructura alegando la ausencia de espacio físico: “En estos momentos ni las condiciones geográficas lo permiten. Los pasos de Ceuta y Melilla son solo pequeños pasillos. El control aduanero exige mucho más que eso”. “Nos harían falta varias decenas de hectáreas para construir áreas de visita, control, etcétera. La configuración actual de Bab Sebta no lo permite. No tenemos la superficie necesaria para un proyecto así”, abundaba.
Horas después, y ante el revuelo creado, Lakhdar se veía obligado a recular y matizar sus palabras. El director de Aduanas admitía la posibilidad de instalar las aduanas, aunque señalaba a los ministerios del Interior de España y Marruecos como responsables de la negociación. “Cuando los dos ministerios se pongan de acuerdo sobre los aspectos relacionados con Ceuta y Melilla, nosotros los aplicamos”.
Por su parte, los gobiernos de Ceuta y Melilla defienden no sólo, como es lógico, la creación de sendas aduanas, sino la integración de las ciudades en el espacio Schengen, la Unión Aduanera y la concesión del régimen de Región Ultraperiférica. Así quedó de manifiesto en la presentación en Bruselas el pasado 1 de junio –que contó con la presencia de los presidentes Juan Jesús Vivas y Eduardo de Castro- del informe elaborado por Ernst & Young a instancias del Grupo de Ciudadanos y titulado ‘Ceuta y Melilla: Más España, más Europa’.
Asimismo desde ambas ciudades autónomas se aguarda con impaciencia el Plan Estratégico encargado por el Gobierno central a TRAGSATEC a raíz de la crisis migratoria en el Tarajal. Aunque previsto inicialmente para junio, desde la Delegación del Gobierno de Ceuta se fijaba este miércoles el final del verano para su presentación.
El último capítulo -por el momento- del culebrón de las aduanas ha sido la reunión celebrada el pasado martes en Madrid entre las delegaciones interministeriales española y marroquí sobre “todos los aspectos del próximo régimen aduanero en Ceuta y Melilla en el marco de la normalización, gradualidad y buena vecindad acordado en la Declaración Conjunta”.
A falta de nota oficial, fuentes diplomáticas aseguraban que “todos los puntos de la hoja de ruta acordada el 7 de abril se siguen desarrollando y los grupos de trabajo reuniéndose con el objetivo de resolver los aspectos prácticos”. Oficialmente, el emplazamiento de las fronteras, entre otras cuestiones técnicas, centra hoy las discusiones. Por el momento, en pleno temporal argelino las aduanas de Ceuta y Melilla, el termómetro de la reconciliación entre España y Marruecos, siguen esperando a las mismas puertas de la Operación Paso del Estrecho y el estío.