Una superviviente de Ucrania revela las torturas del Ejército de Rusia: “Me obligaron a cavar mi tumba”

Dentro de lo horrible que ya es en sí la mención de una guerra, pocas veces se habla de las atrocidades que se realizan entre los bandos enemigos, desde decapitaciones populares hasta violaciones, con el objetivo de dañar al contrario, en este caso, a población inocente. Una mujer de Ucrania que logró sobrevivir a los bombardeos, como los últimos en Zaporiyia, y a las sangrientas manos de los militares del Kremlin, revela ante la Cámara de Representantes de EEUU las torturas recibidas por el Ejército de Rusia, llegando a admitir que fue obligada a cavar su propia tumba. La evidente violencia presenciada durante la guerra afecta a toda la población sin distinción alguna, como confesó un exmercenario de Wagner.

La superviviente de 57 años, cuyo nombre no fue divulgado por motivos de seguridad, relató su desgarradora historia el miércoles ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La mujer vivía cerca de Kherson, lugar que cayó en manos de Vladimir Putin, y estuvo casi un año intentando sobrevivir hasta que finalmente fue detenida y torturada.

“Me tuvieron cinco días detenida, me golpearon, me forzaron a desvestirme, cortaron mi cuerpo con un cuchillo y amenazaban con violarme y matarme. Llegaron a ponerme una pistola en la cabeza y a simular que me ejecutaban y me obligaron a cavar mi propia tumba”, contó la mujer ucraniana ante los legisladores norteamericanos.

Tras cinco días de sufrimiento y ya imaginándose lo peor, la mujer logró movilizarse a un territorio controlado por las fuerzas ucranianas gracias a la ayuda de unos amigos para finalmente acogerse al programa 'Uniting for Ukraine', que ofrece un visado humanitario a los ucranianos que tienen familiares en Estados Unidos. “El mundo debe demostrar que la gente no cierra los ojos ante la guerra, las torturas y las violaciones (…) Rusia debe rendir cuentas por todo el mal que ha causado contra Ucrania”, afirmó.

Otra mujer que también participó en la sesión del miércoles, contó al mundo la historia de Roman, un adolescente que nació en Mariupol y que fue separado de su familia para ser posteriormente enviado a un campo de reeducación ruso, donde fue sometido a un intento intenso de lavado de cerebro con vídeos de propaganda rusa contra Ucrania. Tras el programa de "reeducación", el menor iba a ser entregado a una nueva familia rusa que le habían asignado pero logró escapar. La mujer sostuvo que se trata de una práctica muy común por parte del Ejército ruso desde que Putin dio la orden de invadir Ucrania el 24 de febrero de 2022. Según denunció, el objetivo del Kremlin es “despojar a los niños de su identidad ucraniana”.

El pasado 17 de marzo la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Vladimir Putin. El máximo tribunal internacional concluyó que el jefe del Kremlin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”. El fiscal general Karim Khan había declarado tras una visita a Ucrania que los secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria” por parte de la CPI.

El mes pasado Oleksandra Drik, integrante del Centro para las Libertades Civiles (CCL, por sus siglas en inglés), la ONG ucraniana que ganó el Premio Nobel de la Paz, remarcó la necesidad de crear un tribunal especial para juzgar a Putin y su círculo cercano, una iniciativa que viene impulsando desde hace unos meses el CCL, que ya documentó más de 34.000 crímenes cometidos por los rusos.

“No hay ningún sistema jurídico en el mundo que pueda ocuparse de esta cantidad de delitos por sí solo (...) La CPI sólo puede abarcar un número muy limitado de episodios y delitos, y en el caso de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad puede resultar extremadamente difícil llevar el caso hasta la cúpula política y militar de Rusia. Esto significa que dentro de cinco, siete o diez años, cuando concluyan las investigaciones y el tribunal examine los casos, es posible que sólo se procese a militares rusos de rango bajo o medio y que los dirigentes políticos y militares rusos queden totalmente impunes”, explicó a Infobae la activista ucraniana, quien calificó a Putin como un “dictador sangriento” que “tiene esta idea muy enferma de restaurar el Imperio Ruso”.

El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, también compareció este miércoles ante el Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dijo que lo que contaron supervivientes “no son una anormalidad ni una excepción”, sino que “tal comportamiento es una característica de la doctrina militar y política rusa y el ‘modus operandi’ de las Fuerzas Armadas rusas y sus representantes”. También afirmó que, a más de un año desde que inició la invasión rusa ya se han documentado 80.000 crímenes de guerra. "La evidencia de estos crímenes, sin embargo, está creciendo exponencialmente”, apuntó el fiscal ucraniano, y detalló que se ha documentado evidencia contra 152 criminales de guerra.

Kostin, quien calificó como “genocidio” lo que está ocurriendo en su país, pidió que Estados Unidos no solo siga apoyando militarmente a Kiev, sino que también ayude a que se fortalezcan los mecanismos para que “todos aquellos que orquestaron y permitieron la comisión de crímenes” rindan cuentas.

En el Gobierno ruso calificaron la orden de arresto de “indignante”, “inadmisible” y “nula jurídicamente”, ya que Moscú no forma parte del Estatuto de Roma de la CPI. No obstante, el fiscal Karim Khan confió en que Putin y la cúpula del régimen ruso sean juzgados en La Haya para que haya justicia por las miles de víctimas y para que casos como el de Roman y la sobreviviente ucraniana no queden impunes. “Quienes creen que es imposible, no entienden la historia (…) Nadie debe sentir que puede cometer un genocidio contra la humanidad con impunidad”, advirtió el fiscal británico.