Meloni y los tres casos judiciales que golpean su Gobierno

Primero la imputación del subsecretario de Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, por revelación de secreto oficial, en una declaración en el Parlamento donde desveló datos sobre el delicado caso del preso anarquista en huelga de hambre. Luego las investigaciones periodísticas que sacaron a la luz el caso de la Fiscalía de Milán que ve imputada a la actual ministra de Turismo, Daniela Santanchè, por bancarrota y falsedad contable en su conocida carrera como empresaria en Italia. Tercero y último, pocos días después, las desafortunadas declaraciones del presidente del Senado, Ignazio la Russa, tras conocerse la denuncia de una joven de 22 años que acusaba a su hijo, Leonardo, de violación. El segundo cargo del Estado culpabilizó a la joven por haber tardado 40 días en denunciar y defendió a su hijo públicamente a toda costa. Desde hace días estos tres temas llevan de cabeza Giorgia Meloni que, tras las críticas incesantes de la oposición, respondió finalmente desde Vilna a la prensa italiana. Sus palabras intentaron apagar, al menos por ahora, los tres fuegos, pero los casos, aún abiertos, no prometen resolverse tan fácilmente.

Meloni decide afrontar las dudas que generan estos tres casos entre los italianos, asume que tiene que dar la cara, no sin demostrar con su expresión cierta inquietud y lo hace tras la cumbre de la OTAN. Sobre los dos primeros dice que la justicia hará su trabajo. “Me he informado de cuántos como este hay en Italia, me han dicho que son un porcentaje irrelevante. El juez no debe tomar el lugar del fiscal”, dice sobre Delmastro la primera ministra. Sobre Santanchè, “la ministra está haciendo muy bien su trabajo, el asunto se aclarará en los tribunales, el problema es, si acaso, la noticia de una investigación publicada a través de un diario”, dice refiriéndose a que la ministra no recibió la notificación de la apertura del caso a tiempo, fue publicada antes por la prensa. Algo que para Meloni no respeta la persecución de inocencia del imputado y una reflexión que vertebra, sin duda, el otro gran aspecto que entronca con estas polémicas: la reforma de la justicia que se encuentra en vías de aprobación tras pasar el examen de Consejo de Ministros.

Con respecto a la polémica de las declaraciones machistas del segundo cargo del Estado, Ignazio la Russa, Meloni toma distancias. “Comprendo muy bien como madre el sufrimiento del presidente del Senado aunque yo no hubiera intervenido en el asunto. Tiendo a simpatizar por naturaleza con una chica que cree que decide denunciar una violencia sexual y no me planteo el problema del tiempo en el que lo hace. Pero incluso aquí tenemos que profundizar en los méritos de lo que sucedió, espero que la política pueda mantenerse al margen. Hemos aprobado un proyecto de ley que es un paso adelante para la protección de las víctimas”, dice la primera ministra. Proyecto de ley precisamente que ha dado valor a las denuncias, endureciendo las penas para las personas que ya eran conocidas por la justicia por temas de violencia de género. Pero las palabras para la líder de la oposición Elly Schlein, secretaria del PD, llegan tarde y no son suficientes. “¿Meloni se ha distanciado de las palabras de Ignazio La Russa? Debo decir que, de lo contrario, me habría sorprendido mucho. Tenemos una premier que tiene estar del lado de las mujeres. Las palabras del presidente del Senado decían que cuantos más días pasan para una denuncia de violencia menos creíble es una mujer: eso tiene un nombre y es victimización secundaria, es inaceptable”, dijo Schlein.

La noticia, conocida el fin de semana pasado, hablaba de la denuncia de una joven de 22 años que habría sufrido una violación y habría sido drogada por el hijo de Ignazio la Russa, Leonardo, de 19 años. Al margen de la investigación que está llevando a cabo la justicia, el presidente del Senado salió defendiendo a su hijo y acusando a la supuesta víctima sin complejos. La Russa declaró haber interrogado en profundidad a su hijo tras la noticia y estar completamente seguro que no ha comido ningún delito. La bronca, dijo, fue solo por haber llevado a casa a una joven que no fuese su pareja formal y, además, ponía en duda la denuncia, 40 días después de lo sucedido, por parte de la víctima y que hubiese consumido sustancias. 

A pesar que las polémicas no faltan, Meloni en rueda de prensa insiste sobre la aprobación de la reforma de la justicia y explica que el hecho de que todo esto esté ocurriendo en este momento no implica que el Gobierno tenga que faltar a sus promesas electorales. Reivindica, una vez más, la importancia de cumplir “nuestro programa”. Pero a estos casos abiertos por la justicia se une una polémica más profunda del Gobierno con la magistratura o, al menos parte, que estaría en contra de esta reforma propuesta por el Ejecutivo de Giorgia Meloni. Hace unos días una nota difundida a la prensa, citando fuentes cercanas a Palazzo Chigi, y que acusaba a los magistrados, directamente, de hacer campaña electoral para las europeas y, en definitiva, de hacer injerencias políticas. Meloni responde también sobre esta extraña filtración y dice “me identifico con esa nota”, nota que ha suscitado la ira de los jueces y la reacción de la Anm (Asociación Nacional de Magistrados) que valora esas palabras salidas del ambiente de la sede del Gobierno italiano como “un ataque pesadísimo que quita legitimidad a la magistratura”. Meloni dice querer evitar la confrontación, pero no apaga los fuegos.

¿Qué dicen los expertos?

Le preguntamos a Gian Luigi Gatta, profesor de Derecho Penal y vicepresidente de la Escuela Superior de Magistratura italiana. “Hay que realizar una premisa, esta es una reforma que toca algunos aspectos, pocos, de la justicia penal, aunque de gran importancia”, explica. “Esta es una reforma garantista, ningún magistrado está en contra de la extensión de las garantías del acusado. Pero ese principio constitucional no puede esconder unas intervenciones que limitan las acciones que contrastan la criminalidad, creando vacíos de tutela. La preocupación de los magistrados es que se den pasos atrás en esta lucha contra la criminalidad”, dice. Y esa es la clave del enfrentamiento entre la justicia y el Gobierno que, con algunas medidas que pretenden ampliar los derechos de las personas investigadas, reducen delitos vinculados a la corrupción. Si la norma pasa, y aún se encuentra en su recorrido parlamentario, se eliminaría el delito de abuso de autoridad y se restringiría el de tráfico de influencias, entre otras cosas. Para Gatta la importancia está, sin embargo, en una reforma estructural que afronte el primer gran problema de la justicia italiana “la duración de los procesos”, certificada también por datos y valoraciones a nivel internacional. 

Las encuestas sobre Hermanos de Italia

Hermanos de Italia baja en algunas encuestas casi dos puntos, en la última del diario La Stampa pasa de un 29,2% a un 27,4%, y, aunque el consenso sobre la primera ministra Giorgia Meloni se mantiene, las polémicas de las últimas dos semanas en el partido parecen hacer mella sobre la opinión de los italianos.