La campaña para que Zelaya sea restituido en el cargo une a países como Estados Unidos y Venezuela o Cuba, incluye a los principales organismos internacionales, desde la ONU y la OEA, hasta la Unión Europea, el Mercosur y el Grupo de Río, y va en aumento.
Los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), a la que pertenece Honduras, decidieron en Managua retirar a sus embajadores acreditados en Tegucigalpa hasta que se restituya en la Presidencia a Manuel Zelaya.
El mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de "ilegal" lo ocurrido en Honduras y ha afirmado que el presidente Manuel Zelaya sigue siendo el líder legítimo.
Carga contra los simpatizantes de Zelaya
Fuerzas policiales han cargado y han lanzado gases lacrimógenos contra varios cientos de seguidores del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, que permanecen frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa desde el domingo.
Las fuerzas policiales, con el apoyo de dos helicópteros, disolvieron varios piquetes que interrumpían el acceso a la sede de Gobierno y han detenido a un número indeterminado de personas que organizaciones sociales cifran en alrededor de una treintena.
"Sucesión constitucional"
En Tegucigalpa, un día después de que Zelaya fuera sacado por la fuerza del poder y del país por las Fuerzas Armadas, el presidente interino Micheletti tomó juramento a cinco ministros, incluido el canciller, Enrique Ortez.
Micheletti, del Partido Liberal, el mismo que Zelaya, también designó a Gabriela Núñez como ministra de Finanzas; a Adolfo Sevilla en la cartera de Defensa; a Nicolás García, en la de Trabajo, y a Desiré Rosales, como titular del Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología.
En declaraciones a medios hondureños y extranjeros, Micheletti, que tras jurar como presidente anunció un toque de queda de 48 horas, ha anunciado que emprenderá una campaña para intentar obtener el reconocimiento internacional, para "demostrar (...) que esto no ha sido un golpe de Estado, ha sido una sucesión constitucional".
Reforma constitucional
El argumento usado por el Congreso para destituir a Zelaya fue que éste había violado la Constitución y otras leyes al mantener la convocatoria de una consulta popular que la justicia y el poder legislativo habían declarado ilegal.
La consulta tenía como objeto iniciar un proceso de reforma constitucional, que, según los detractores de Zelaya, iba a permitirle perpetuarse en el poder, lo que él ha negado. RSO
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