En una atípica sesión realizada la noche del lunes festivo, la Cámara de Representantes aprobó el llamado "principio de oportunidad" para 19.000 de los casi 31.000 paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006.
Con la aprobación de ese proyecto de ley, "el fiscal tendrá la oportunidad de solicitar ante los jueces de garantías la suspensión de procedimientos para que estas personas puedan resolver su situación jurídica siempre y cuando no hayan cometido ningún delito", dijo Uribe a la emisora de radio La FM.
El legislador reiteró que la condición es que no hayan sido jefes de grupos armados ilegales ni del narcotráfico y que tampoco hayan cometido delitos "ni antes ni después de la desmovilización".
Asimismo, recordó que la aprobación del "principio de oportunidad" permitirá avanzar en esta negociación de paz con los paramilitares y en futuros diálogos con otros grupos armados ilegales.
"Lo que busca esta figura es materializar un acuerdo, que hizo la Fiscalía con la Corte Suprema de Justicia, para resolver ese limbo jurídico en el que estaban más de 19.000 desmovilizados", agregó.
La reforma también permitirá al fiscal solicitar la terminación, suspensión o terminación de acciones penales en casos de narcotráfico y pertenencia a grupos armados ilegales, siempre y cuando la persona que se beneficie testifique en contra de otras o sirva para desarticular las bandas, según Uribe.
El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, explicó que el principio de oportunidad permitirá también "desarticular organizaciones mafiosas y bloques terroristas".
Por su parte, el congresista Germán Navas, del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), aseguró que ese proyecto posibilita "19.000 impunidades", debido a que las víctimas no tendrán "la menor oportunidad de averiguar quién les causó daño".
La iniciativa de ley aún deberá ser sancionada por el presidente Álvaro Uribe y pasar por una revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigor.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmovilizaron entre 2003 y 2006 a unos 31.000 combatientes, de los cuales unos 19.000 se podrán acoger a los beneficios del principio de oportunidad por ser rasos y no tener delitos pendientes ante la justicia.