La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha considerado absolver a una mujer de origen gambiano que fue juzgada el pasado mes de octubre después de que permitiese que su segunda hija fuese mutilada genitalmente. La Audiencia ha entendido que la mujer se encontraba fuera del país cuando ocurrieron los hechos.
La práctica en Gambia en 2008 no estaba tipificada la mutilación de niñas y mujeres como delito en el momento en el que se llevó a cabo la operación y, además, han alegado que se hizo contra su voluntad cuando no tuvo más remedio que dejar a la niña al cuidado de su abuela materna, la autora material, que vive allí.
La Fiscalía pedía para ella 6 años de prisión por un delito de mutilación genital femenina en calidad de autora por omisión, ya que no hizo nada por evitar que torturasen a su segunda hija. Debido a que la primera había sufrido la misma agresión a los pocos meses de nacer.
El tribunal considera que no se puede reprochar desde el punto de vista penal a esta madre la creación de una "ocasión de riesgo" para la menor "por el simple hecho de que en un momento puntual la dejara en manos de su abuela materna", ya que "no puede exigirse a una madre que esté constantemente y en todo momento físicamente al lado de su hija", pues "sería una obligación casi imposible de cumplir" aunque sólo fuera porque esa misma madre tiene que procurarle alimento.
Añade además las circunstancias particulares de la mujer, unas "condiciones de vida a las que era difícilmente o casi imposible sustraerse" pues según ella misma detalló, en aquella época vivía en una comunidad integrada por unas cincuenta personas, todas familiares, donde "la toma de decisiones importantes no era individual", sino que la última palabra estaba en manos, precisamente, de esa abuela materna. Suma que en Gambia esta forma de tortura que se practica exclusivamente a las mujeres "era frecuente y común puesto que suponía una tradición no solo cultural sino también religiosa" y no era delito. Aunque se comenzó a combatir en noviembre de 2015 y se promovió la adhesión a acuerdos y tratados internacionales, dadas las circunstancias era "difícil el acceso a esta información cualificada para una persona como la acusada".