Desde el 1 de enero de 2014 los ciudadanos de estos dos países no necesitan ningún documento especial para trabajar en cualquier país de la UE. Ante el temor de una avalancha de estos nacionales, el Gobierno de Angela Merkel encargó un estudio para luchar contra el denominado "turismo social" cuyos resultados han sido presentados este miércoles.
En el documento, cuyo principal valedor ha sido el ministro del Interior, Thomas de Mazière, y la titular de Trabajo, Andrea Nahles, se defiende la necesidad de prohibir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan cometido fraude o abuso, así como la utilización de documentos falsos; también se aboga por la concesión de permisos limitados de residencia -de entre tres a seis meses- para la búsqueda de empleo; y la decisión de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles.
Todas estas medidas, asegurán sus promotores, respetan la normativa europea.
"Es una buena noticia que los inmigrantes vengan para trabajar, educarse o estudiar y contribuyan al desarrollo y el bienestar de Alemania", pero "no deberíamos estar ciegos" sobre los "problemas" que puede traer esta llegada de población, ha advertido de Maiziere en la presentación del informe, centrado en el mantenimiento del estado de bienestar.
Según el Gobierno, la mayoría de los rumanos y búlgaros que llegan a Alemania lo hacen para estudiar a trabajar y son menos proclives al desempleo que la media. Los datos muestran que los inmigrantes de esos dos países representan un 0,7 por ciento de los solicitantes de ayuda.
Sin embargo, en algunas zonas como Duisburgo, Fráncfort, Múnich, Hamburgo y Hanover la presión migratoria es mayor. Por este motivo, de Maiziere ha instado a "tomar medidas", para "evitar que esto se convierta en un problema para el conjunto de Alemania.