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China se apresuró a utilizar sistemas de vigilancia inteligentes, en los que tiene una vasta experiencia, para luchar contra la epidemia. La primera app se puso en marcha en febrero. Sin embargo, no hay un solo sistema a nivel nacional, cada ciudad o provincia utiliza distintas aplicaciones en colaboración con las grandes tecnológicas del país, lo que hace que, a veces, haya que registrarse en distintas apps para diferentes casos. Muchas de estas aplicaciones son relativamente opacas y no termina de estar claro qué datos utilizan.
En Pekín, la app más común es Health Kit, un miniprograma desarrollado por el gobierno local al que se accede mediante WeChat, el WhatsApp chino. Tras introducir nombre, DNI o pasaporte y foto, el miniprograma genera un código verde, amarillo o rojo que indica el estado de salud. El sistema cruza datos médicos, de viajes en tren o avión o de lugar de residencia. Si bien no es obligatorio, sin el código verde de Health Kit es difícil moverse por la ciudad: la mayor parte de establecimientos, oficinas y edificios residenciales lo pide a la entrada.
Otra de las aplicaciones más comunes genera también un código de color a través de la geolocalización de la señal telefónica. El usuario pide un código por SMS, lo introduce en la app y esta rastrea dónde ha estado en los últimos 14 días. Algunas empresas lo exigen a sus empleados para comprobar que no han viajado fuera de Pekín a zonas más afectadas por la epidemia.
También hay apps que muestran el edificio de residencia de las personas que han dado positivo por coronavirus o permiten saber si se ha viajado sentado al lado de alguien que posteriormente ha sido diagnosticado con COVID-19. En algunas zonas de China, las aplicaciones son obligatorias para poder usar los medios de transporte.
En China no hay, en general, debate sobre la privacidad de la información y menos en una situación de emergencia como la actual. En la cultura del país, la población se suele fiar de las autoridades y acepta lo que proponen. Además, no hay el mismo concepto de privacidad que en Occidente. La mayoría de los chinos acepta la recolección masiva de datos personales que realizan las autoridades chinas desde hace años. Aparte de la epidemia, en algunas provincias se están probando, incluso, sistemas de puntos por los que datos de compras, movimientos o infracciones generan una puntuación personal de la que depende el acceso a servicios de la vida diaria.
Corea del Sur tiene un sistema de aplicaciones contra la COVID-19 menos intrusivo que el chino. Las autoridades del país han desarrollado apps para descongestionar el sistema sanitario mediante las que la población puede informar de sus síntomas y ser diagnosticada desde casa.
Otras aplicaciones, que se descargan de forma voluntaria, rastrean los movimientos de los pacientes que se encuentran en cuarentena obligatoria por haber estado en contacto con un caso sospechoso o por haber llegado de viaje de fuera del país. Además, informan a los usuarios de la presencia de contagios de COVID-19 en zonas cercanas.
El Gobierno de Corea del Sur hace uso de información de pagos con tarjeta, rastreo de movimientos por GPS y sistemas de videovigilancia para conocer los movimientos de una persona infectada y comparte la información de forma anónima mediante varias aplicaciones y webs.
Tras el nuevo brote de coronavirus que se dio en algunas discotecas de Seúl, las autoridades vieron que la petición de datos de contacto a mano en la entrada de los establecimientos no era suficiente, puesto que muchas personas daban información falsa. A partir del 10 de junio, para acceder a bares o gimnasios habrá que utilizar una de las aplicaciones móviles disponibles que generan un código QR individual que será escaneado en la entrada y aportará los datos del usuario para poder localizarlo en caso de que se detecte un caso de coronavirus. Esta información será almacenada durante cuatro semanas por el Ministerio de Salud surcoreano.
La cultura coreana es similar a la china en lo que a jerarquía social y privacidad de datos se refiere. Corea del Sur cambió su marco legal en 2016 para permitir a las autoridades recopilar datos personales tras la epidemia del MERS, que afectó al país en 2015. La mayoría de la población confía en lo exigido por el Gobierno, aunque ello suponga la entrega de información personal. Aunque el debate ha sido mayor que en China, no hay una fuerte oposición a este tipo de medidas de vigilancia.