La Comisión Nacional de Ética en la Investigación de Brasil, CONEP, investiga la muerte de 200 personas que fueron ingresadas en distintos hospitales del país y que participaron, sin ser informados, en un estudio experimental que tenía como objetivo probar en pacientes contagiados de covid19 la proxalutamida, un medicamento que se usa en algunos tipos de cáncer.
Según recoge El País, este fármaco no se puede utilizar en Brasil al no estar registrado. No obstante, se autorizó que se realizara el estudio clínico para comprobar la eficacia del medicamento para reducir la infección del coronavirus.
Los familiares de los afectados aseguran que, durante el tratamiento, el equipo médico no hizo ningún seguimiento para comprobar la cantidad y la forma en la que los pacientes estaban recibiendo el medicamento. "No se nos explicó qué medicamento era, ni que se trataba de un estudio. Solo nos dieron un papel que firmamos porque confiamos en los médicos", explican en uno de los casos.
La CONEP admite que autorizó varios estudios sobre la proxalutamida a principios de año, pero dicen que en este caso se contó con más personas de las que se autorizaron inicialmente. En total participaron 645 personas, cuando el número permitido era de 294. El estudio se llevó a cabo con "pacientes de cuidados intensivos gravemente enfermos".
El órgano que depende del Ministerio de Sanidad brasileño ha reconocido en un comunicado que ven "indicios de irregularidades en el estudio, así como transgresiones de las normas vigentes sobre ética en investigación con seres humanos".
Además, la Red Latinoamericana y del Caribe de Educación en Bioética de la Unesco ha apuntado al respecto que este suceso podría ser uno de los más "serios y graves de infracción ética y de violación de derechos humanos" de pacientes en la historia de América Latina.
"Es urgente que si se demuestran las irregularidades se investigue a todos los implicados, incluidos los equipos de investigación, las instituciones responsables y los patrocinadores, nacionales y extranjeros, y se les exija responsabilidades éticas y legales", señala el documento de la institución del 9 de octubre.