El representante de Birmania ante Naciones Unidas, Thet Thinzar, ha argumentando que usar este término permitirá "armonía" y "confianza mutua" entre las comunidades budista y musulmana en este estado, en el que residen mayoritariamente los rohingya.
Las palabras de Thinzar fueron una respuesta a los comentarios del enviado especial de la ONU para Birmania, Maina Kiai, quien criticó la discriminación religiosa contra esta minoría, según ha informado el diario birmano 'The Irrawady'.
La decisión del Gobierno de la Liga Nacional por la Democracia (LND) parece un punto medio entre las peticiones de los nacionalistas birmanos, que rechazan el término 'rohingya' y se refieren a esta comunidad como 'bengalíes' --apuntando a que son inmigrantes ilegales de Bangladesh-- y las críticas de la comunidad internacional y ONG para que identifique a la comunidad por su nombre.
De hecho, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, reclamó nuevamente el lunes al Gobierno de Birmania que aplique "medidas concretas" para poner fin a las violaciones de los Derechos Humanos de las minorías del país, especialmente de los rohingya.
Al Hussein indicó que entre estas violaciones figuran la negativa de las autoridades a entregarles la nacionalidad, las amenazas a su vida y su seguridad, la negativa a su acceso a la educación y la salud, y los casos de trabajos forzosos y violencia sexual contra sus miembros.
LA POSTURA DE SUU KYI
La premio Nobel de la Paz y consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyu, reclamó en mayo "tiempo y espacio" para hacer frente a la situación de los rohingya. "Lo que estamos diciendo es que hay asuntos más importantes a los que hacer frente a nivel de nomenclatura", recalcó.
Suu Kyi ha abordado muy cautamente el asunto de los rohingya, lo que ha levantado las críticas de varios grupos extranjeros por la defensa de los Derechos Humanos, a pesar de su estatus como icono de esa lucha.
Los rohingya han sido continuamente difamados en Birmania, donde son vistos como inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh, incluso por varios miembros del partido de Suu Kyi.
Birmania siempre ha negado la discriminación contra los más de un millón de personas pertenecientes a la etnia, la mayoría de los cuales vive en condiciones similares a un régimen de apartheid.