El procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, presentó la semana pasada ante el Tribunal Supremo Federal (TSF) una denuncia contra el presidente y contra el exdiputado del PDMB Rodrigo Rocha Loures por un delito de corrupción pasiva.
La acusación contra Temer se basa en las investigaciones derivadas de la declaración de uno de los propietarios de la mayor empresa cárnica del mundo, la brasileña JBS, en el marco de la 'operación Lava Jato'.
Uno de los dueños, Joesley Batista, entregó recientemente una grabación en la que se podía escuchar a Temer autorizando la compra del silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara y actualmente en prisión.
El Código Penal brasileño define el delito de corrupción pasiva como el acto de "solicitar o recibir, para sí mismo o para otra persona, de forma directa o indirecta, incluso sin asumir el cargo público o antes de hacerlo, pero en razón de él, una ventaja indebida" o "aceptar la promesa de tal ventaja".
Este delito puede ser sancionado con penas de entre dos y doce años de prisión.
Temer también está siendo investigado por obstrucción a la Justicia y por participación en organización criminal, delitos para los cuales la fiscalía todavía no ha presentado ninguna denuncia.