Mogherini ha subrayado en un comunicado conjunto con el comisario de Ampliación, Johannes Hahn, que la decisión del Tribunal Constitucional macedonio que ha abierto el camino a la cancelación de las elecciones por el Parlamento macedonio constituye "una oportunidad renovada para que el país aborde un número de cuestiones serias en el centro de la crisis política prolongada" y han avisado de que "la vía adelante debe ser definida por todos los principales partidos políticos juntos".
Ambos han reclamado que "todas las partes preserven y respeten el acuerdo Prizino" mediado por la UE el año pasado porque "sigue siendo la mejor manera de sacar al país fuera de la crisis". "El trabajo debe continuar para preparar elecciones creíbles, así como en las prioridades de reforma urgentes, a través de un proceso incluyente", han recalcado.
En especial, han exigido que todos los partidos resuelvan "urgentemente" las "preocupaciones serias" que provocó la decisión del presidente, Gjorge Ivanov, de suspender todos los procesos penales abiertos contra políticos por un escándalo de escuchas, que contribuyó a agravar la crisis política.
"Los perdones del 12 de abril deben ser rescindidos sin retrasos para preservar el principio de rendición de cuentas, hacer frente a las preocupaciones serias sobre la impunidad y evitar la justicia selectiva. Es un principio democrático fundamental el que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley", han argumentado.
También han reclamado a todos los partidos que garanticen su apoyo a la Oficina del Fiscal Especial y eviten pasos que pongan en riesgo los esfuerzos desde hace años en el país para reforzar el Estado de Derecho, al tiempo que han defendido el papel "crítico" de la oposición y la sociedad civil para garantizar que el Gobierno cumpla las "reformas necesarias".
La antigua república yugoslava ha estado sumida en una tormenta política desde febrero de 2015, cuando la oposición acusó al entonces primer ministro, Nikola Gruevski, y a su jefe de contraespionaje de pinchar los teléfonos de más de 20.000 personas. Las escuchas revelaron un estrecho control por el Gobierno sobre periodistas y jueces y a la celebración de elecciones.