La Comisión Europea ha lanzado este jueves un ultimátum a España para que reduzca el impuesto de matriculación que cobra a sus residentes por los vehículos alquilados en otros Estados miembros.
El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses el Gobierno no adopta medidas correctivas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
España cobra el importe íntegro del impuesto de matriculación de un vehículo arrendado o alquilado por un residente en España en otro Estado miembro, salvo si el periodo de arrendamiento es inferior a tres meses cada periodo de 12 meses.
Esto constituye, según Bruselas, una infracción de las normas de la UE, que contemplan que el impuesto de matriculación se cobre de forma proporcional a la duración del uso del vehículo arrendado.
Además, con arreglo al derecho español, el impuesto de matriculación de un vehículo puede cobrarse íntegramente si un empleado que trabaje para una empresa establecida en otro Estado miembro utiliza el vehículo en España y es residente en ese país.
Sin embargo, la legislación comunitaria contempla que un coche matriculado por una empresa en un Estado miembro y utilizado por un empleado residente en otro país no puede tributar a no ser que se utilice de forma permanente en el país del residente.