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Colombia está en pie de guerra. La revuelta contra la reforma tributaria del Gobierno ha desencadenado una ola de violencia. Los manifestantes salieron hace una semana a las calles, desafiando una orden judicial que dictaminaba que las marchas debían suspenderse por el aumento de los casos de coronavirus. La reforma fiscal afectaba a cualquier persona con un ingreso mensual de 550 euros al cambio, en un país en el que el salario mínimo es equivalente a unos 205 euros. Además se iba a gravar el IVA. Mucho para una sociedad ahogada.
La economía colombiana goza de la confianza de los mercados financieros, cimentada en su manejo ortodoxo de las finanzas, pero las manifestaciones recientes han sacado a la luz una cara poco conocida del país, la de millones de personas que a diario hacen maniobras para sobrevivir, algo similar a lo ocurrido en Chile en 2019, situación agravada por la pandemia de coronavirus.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia cayó un 6,8 % en 2020 en comparación con 2019, lastrado por la pandemia de coronavirus que obligó a confinamientos y cierres de la actividad productiva. SLa economía podrá comenzar su recuperación este año, para el cual el BBVA Research pronostica un crecimiento del 5,5 % impulsado por la reactivación económica de Estados Unidos y los buenos precios del petróleo.
La crisis de la reforma tributaria le costó el cargo al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y su sucesor, José Manuel Restrepo, un economista ortodoxo, tendrá el desafío de recuperar la economía sin haber superado aún la pandemia. El ministro Restrepo ya indicó que el nuevo proyecto de reforma será menos ambicioso, del orden de los 14 billones de pesos (unos 3.656 millones de dólares), y a diferencia del anterior, no propondrá el aumento del IVA (del 19 %) para bienes y servicios para no afectar a "sectores sensibles" como las clases media y baja, ni se ampliará la base tributaria con los que menos ganan.
Uno de los eternos retos de Colombia es la reducción del desempleo, que el año pasado fue del 13,37 % y en marzo subió al 14,2 %, una tasa elevadísima también por la pandemia que obligó al cierre de numerosas empresas, principalmente del sector comercial y de servicios. Con la frustrada reforma fiscal el Gobierno aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) destinados a mejorar las finanzas púbicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres. Pero la gente ya no puede más.
Decenas de videos coparon las redes sociales denunciando abusos policiales y disparos contra la ciudadanía, además de cortes de energía e internet en los sectores en los sectores con más conatos de violencia fueron la constante entre la noche del 4 de mayo y la madrugada del 5 de mayo. Duque, que ha hablado al principio de inadaptados como causantes de las revueltas se abre ahora al diálogo.
La dura actuación de las fuerzas de seguridad y la ira de los manifestantes ha hecho que las protestas deriven en violencia. Según la Defensoría del Pueblo, desde el 28 de abril se han registrado 19 víctimas mortales, y organizaciones sin ánimo de lucro han documentado 1.181 casos de violencia policial.
La mayoría de los fallecimientos se produjeron en Calí, donde aún son visibles las huellas de las protestas. Cuestionado internacionalmente por la durísima represión policial, el presidente colombiano, Iván Duque, compareció ayer para mostrar una puerta al diálogo. Presionado por la gravedad de la situación, el presidente Duque convocó a los diferentes movimientos políticos, judiciales, empresariales y sociales del país a un diálogo "sin diferencias ideológicas".
El Gobierno de Duque ha cedido y ha cancelado por ahora la reforma fiscal que originó las protestas, pero el presidente colombiano defendió a sus fuerzas de seguridad y no puede parar la ola de violencia. En todo el país hay previstas para hoy nuevas movilizaciones que cuentan con el apoyo de Shakira a través de las redes sociales y de otros colombianos populares como Maluma o Juanes, que piden al Gobierno de Duque que escuche.
La tensión reina en las calles de Colombia. La presión contra el Gobierno es evidente. La calle exige que el presidente, Iván Duque, abra un diálogo nacional con el fin de terminar los desórdenes y la violencia policial, que han causado al menos 19 muertos y más de 800 heridos. En Bogotá, miles de estudiantes arropados con banderas de Colombia caminaron de forma pacífica y en ambiente festivo para pedir el cese de la violencia policial y respeto a la vida, y al final se concentraron en el Monumento a los Héroes. "Estamos acá para acompañar a un pueblo que necesita la presencia de su iglesia acompañándola en paz", dijo a Efe un fraile dominico que con otros miembros de esa comunidad destacaba en la manifestación de los jóvenes por sus hábitos blancos.
Otras movilizaciones se registraron principalmente en carreteras de los departamentos de Cundinamarca, en el centro del país, de Antioquia (noroeste) y en el Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, han tenido lugar las mayores concentraciones populares y también la mayor ola de violencia policial.
Los bloqueos, principalmente por parte de camioneros y taxistas que el lunes se sumaron a las protestas detonadas por un ambicioso proyecto de reforma fiscal del Gobierno, impidieron el tráfico entre Bogotá y Tunja, capital de Boyacá, así como hacia Zipaquirá, una de las localidades cercanas. En el Valle del Cauca continúan los bloqueos en la carretera entre Cali y la ciudad industrial de Yumbo lo que, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, impide desde el 29 de abril circulación de cisternas para abastecer de combustibles a la capital regional.
La ONG Temblores, que documenta casos de violencia policial, informó de que desde el 28 de abril hasta este martes ha contabilizado "31 personas víctimas de violencia homicida" por la brutalidad policial.
Para atajar el baño de sangre, desde diferentes sectores pidieron al presidente Duque que no se cierre a una negociación, "invitando a todos, derechas, izquierdas, centro, lo que sea, a dialogar", en palabras del fraile dominico.
Ante la ola de violencia, el expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos manifestó este martes su disposición a reunirse con Duque y así ayudar a buscar salidas a la crisis. "Presidente Iván Duque, estoy a disposición suya y de los colombianos para salir de esta crisis.
"El país necesita diálogo, entendimiento", manifestó Santos, distanciado políticamente se su sucesor, en un mensaje en Twitter. En línea con Santos, el político liberal Juan Fernando Cristo, que participó en las negociaciones de paz con las FARC, también manifestó su disposición para dialogar con Duque, al que le pidió que "abra hoy mismo un diálogo social en Cali", el epicentro de la agitación social y de la violencia.
Otras voces exigen también templanza a los ciudadanos. Es el caso de Claudia López, primera alcaldesa de Bogotá que ha calificado la noche de dolorosa. "Tuvimos una brutal escalada violenta. Hay 30 civiles y 16 policías heridos. Ningún fallecido. Por literal destrucción, Transmilenio apenas podrá operar de 6am a 3pm con solo 60% del sistema. La violencia debe parar. Debemos recuperar la deliberación serena".
Cuando comenzaron a llevarse a cabo algunos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, el expresidente colombiano Álvaro Uribe llamó a los ciudadanos a través de su cuenta en Twitter a apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. La red social eliminó horas después el mensaje, afirmando que violaba las normas “con respecto a la glorificación de la violencia”. uribe cree que la reforma fiscal es necesaria para un país enfrentado en las calles.