Biden recorta el gasto social para aprobar sus presupuestos

Los demócratas ya han llegado a un acuerdo para el 90% del plan de gasto del gobierno y han fijado como fecha límite el 31 de octubre para la aprobación del Plan de Infraestructuras. Con ello, la administración Biden avanza en los términos de los dos proyectos de ley orientados a la ampliación de sus programas sociales y la recuperación de la economía del país. Algo que, sin embargo, está teniendo un precio.

Desde que se presento el denominado "New Deal" de Biden sus propios correligionarios de partido entraron en una batalla que ha estado a punto de dar al traste con los presupuestos. Los congresistas y senadores demócratas divididos porque prácticamente la mitad de los mismos consideraban una locura el ingente gasto público propuesto por la Casa Blanca. Negociaciones maratonianas que ha liderado el senador Demócrata Joe Manchin contra la defensa de los mismos que lideraba Nanci Pelosy. En plena pre-campaña para las elecciones de medio término y con el país absolutamente dividido, los demócratas más tradicionales exigían reducir el gasto público y un plan de reducción de deuda.

Y este no es otro que el coste de ambos proyectos, ya que los 3,5 billones de dólares estimados para el plan social, respaldados inicialmente por la Cámara de Representantes, han tenido que ser reducidos a una cantidad que oscilará finalmente alrededor de los 2 billones. Por ello, medidas como los dos años de matrícula universitaria gratuita, la extensión del crédito tributario por hijos y los gastos de atención médica, verán sus partidas significativamente recortadas.

También se verán afectados los presupuestos destinados al acceso a la vivienda y para las personas sin hogar, el cuidado a los ancianos y el proyecto de energía limpia con el que se buscaba incentivar a las empresas de servicios públicos para alejarse de los combustibles fósiles. El recorte económico se intentará que sea de un tercio del montante inicial estimado, en cada uno de los proyectos.

Otras partidas, como las destinadas a la educación temprana (programa nacional de cuidado infantil y las guarderías), se mantendrán como estaban inicialmente planteadas mientras que los beneficios de Medicare se verán ampliados con servicios dentales, auditivos y de la vista, aunque aún quedan flecos por concretar.

Las reuniones mantenidas en la Casa Blanca durante los últimos días, e incluso en el domicilio familiar del presidente en Wilmington (Delaware), entre las facciones más y menos progresistas del Partido Demócrata, han desembocado finalmente en un principio de acuerdo en el que han sido también necesarias las presiones no solo de Biden sino del líder de la mayoría del partido en el Senado, Chuck Schumer.

“El ritmo de las negociaciones se ha acelerado, el deseo de conseguir un acuerdo es universal”, dijo Schumer tras una reunión anterior con senadores demócratas para acercar posturas entre los miembros del Caucus Progresista, encabezado por su presidenta Pramila Jayapal o el senador Bernie Sanders; el sector más moderado del partido, representado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y los senadores opuestos a los proyectos de ley iniciales, Joe Manchin y Kyrsten Sinema.

Ya hace unas jornadas que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, había señalado a través de un comunicado, que existía un amplio consenso en la necesidad de ”avanzar durante los próximos días”. Más recientemente, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Peloci, declaraba a la CNN que se había llegado a un acuerdo en el 90% del plan de gasto, lo que hace pensar que el anuncio sobre el mismo se realizará esta semana.

Hay que tener en cuenta que el Senado, que cuenta con 100 miembros divididos al 50%, será quien decida si se aprueban los dos proyectos de Ley. De estos, el de gasto social es el que más controversia despierta y el que tiene detractores incluso en las filas demócratas. Sinema y Manchin ya dijeron desde hace tiempo no estar de acuerdo con esas partidas de gasto, lo que ha hecho que las negociaciones se retrasen más de lo deseado para la administración Biden.

En caso de que ambos lleguen a un consenso con el resto del partido y la votación final del Senado quede con 50 votos en cada lado (ningún republicano ha declarado querer aprobar el paquete de gasto demócrata), será la vicepresidenta Kamala Harris quien disponga del voto de desempate.

Antes de eso, tendrán que acabar de decidir si se pone en marcha el nuevo impuesto sobre la riqueza de los multimillonarios para no tener que renunciar a las partidas que consideran fundamentales así como el gravamen sobre la recompra de acciones. Será la única manera de poder afrontar, por ejemplo, proyectos como el recorte de emisiones, antes de que Biden vaya a la cumbre el Clima en Glasgow, el 31 de octubre.

Y es que la aprobación de estos proyectos pueden dar la posibilidad a Biden de asumir cambios de calado, tanto en la reducción de emisiones para las próximas décadas como en el desarrollo de las obsoletas infraestructuras del país. “Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo pero corremos el riesgo de perder nuestras ventaja”, dijo el presidente en Scranton (Pensilvania), el pasado 20 de octubre, al referirse al atraso que sufre el país a este respecto. Un aviso para navegantes que alerta de la importancia de las inversiones también a medio plazo.