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El Líbano no era un país como los demás. Nacido como Estado independiente en 1943, el Líbano era también una idea. La de la convivencia entre minorías de gentes del Libro –musulmanes chiitas y sunitas, cristianos maronitas y ortodoxos, y drusos, entre otros- un Estado de Oriente Medio. La otrora Suiza de Oriente Próximo es hoy un país al borde del colapso económico desgarrado por el conflicto por la hegemonía regional que libran las dos grandes potencias –Irán y Arabia Saudí-, en el que la chispa que desencadene una escalada de violencia podría prender en cualquier momento.
El último año, en especial desde la explosión en el puerto de Beirut de agosto de 2020 -207 muertos y al menos 6.500 heridos-, ha sido extraordinariamente complicado para la economía libanesa y para la vida cotidiana de los ciudadanos del país de los cedros. El think tank estadounidense Council on Foreign Relations considera que el Líbano reúne los requisitos para considerarlo potencial Estado fallido: Al menos el 75% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y la deuda pública asciende al 175% del PIB. Golpeada duramente por la pandemia la economía libanesa retrocedió un 20% en 2020.
Por si fuera poco, los cortes en el suministro eléctrico alcanzan en las últimas semanas 22 horas al día. Hay escasez de alimentos y medicamentos. La libra libanesa ha perdido el 90% de su valor frente al dólar en los últimos años. La subida de precios del 400% ha provocado un fenómeno de hiperinflación. Y el escenario regional para los próximos meses no augura nada mejor.
El Gobierno elegido el pasado mes de septiembre tras más de un año de espera –el gabinete dimitió tras la catástrofe del puerto- tendrá que afrontar un panorama delicado, con problemas tanto domésticos como externos, entre ellos el de la acentuación de las tensiones comunitarias. No le queda otra que negociar con donantes occidentales e instituciones multilaterales como el FMI para tratar de lograr la inyección financiera que le permita sobrevivir al impasse.
Una gran parte de los problemas de gestión de las instituciones libanesas se deben a la arraigada corrupción en el país, un mal endémico que ni unos ni otros logran corregir década tras década. En el Corruption Perception Index, el país de los cedros se sitúa en un poco honroso lugar 137 en una lista de 180 países.
Justamente la investigación sobre lo sucedido en el puerto de Beirut está detrás de los últimos episodios de tensión y violencia registrados en el Líbano. El protagonista de las pesquisas es el juez Tarek Bitar, objeto de una auténtica cacería por parte de los altos cargos del Estado investigados por su posible responsabilidad en la catástrofe. Uno de los grandes críticos del juez es el movimiento político militar de adscripción chiita Hezbolá, al que ciertas voces responsabilizan del suceso.
Una protesta de Hezbolá y el Movimiento Amal, también organización chiita aunque más moderada, exigiendo a las autoridades libanesas el apartamiento de Bitar del caso concluyó en un tiroteo en el barrio cristiano de Ain Rummaneh, en la capital. Al parecer, los militantes del partido de las Fuerzas Libanesas (cristiano) estaban prevenidos. Como resultado del intercambio de fuego, siete personas fallecieron y decenas más resultaron heridas.
El comienzo de la actual crisis se remonta al mes de agosto, cuando el actual ministro de Información, George Kordahi, declaraba a la cadena Al Jazeera semanas antes de ser designado que los hutíes –grupo insurgente zaidí chiita nacido en los 90 contra la influencia de Riad en la región que goza hoy del control de gran parte del territorio de Yemen- “se defienden de una agresión extranjera” en alusión a los ataques de la coalición formada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
Kordahi, periodista televisivo de profesión, es cristiano maronita y entró en el gabinete apoyado por el Movimiento Marada, un grupo cristiano aliado de Hezbolá. La muestra de simpatía del ministro hacia los hutíes, que es un grupo chiita apoyado por Irán –patrocinador de esta rama del islam en toda la región-, ha sido percibida por los saudíes como una muestra de la influencia creciente de Teherán en el Líbano.
Recordemos además que el movimiento político-militar-terrorista Hezbolá, de filiación chiita, del que podría decirse que es lo más cercano a un Estado dentro del Estado, es apoyado financiera y militarmente por Irán. Para la UE y Estados Unidos se trata de una organización terrorista. Los tentáculos de Hezbolá se extienden desde hace años por la vecina Siria y Yemen. Hezbolá apoyó públicamente al ministro Kordahi.
La respuesta de Arabia Saudí, uno de los gigantes de la región, e importante socio comercial para el Líbano, a las palabras del ministro de Información no se iba a hacer esperar. Tanto Arabia Saudí como sus socios del Golfo –Emiratos, Baréin, Kuwait y Yemen- retiraron a finales del pasado mes de octubre a sus embajadores de Beirut y varios de ellos expulsaron al representante diplomático libanés de sus capitales respectivas. El actual ministro de Información se niega a pedir perdón o a dimitir a pesar de que su primer ministro, el empresario Najib Mikati, un musulmán sunita (por tanto, seguidor del mismo islam que se practica en Arabia Saudí), se lo pidió el pasado 5 de noviembre.
El jefe del Gobierno pidió a Kordahi que antepusiera “el interés nacional” con objeto de rehacer los lazos quebrados con Riad. También se dirigió a Hezbolá. “Se equivocan quienes creen que la obstrucción y la escalada política son la solución”, afirmó Mikati. El mismo Gobierno como caja de resonancia de las tensiones sectarias que vive el país y la región.
La otra gran medida adoptada por las autoridades saudíes y la de su socio emiratí ha sido imponer un embargo contra los productos libaneses. Las exportaciones libanesas a estos dos países del Golfo se estiman en un 6% de su PIB. Además miles de libaneses viven y trabajan en el reino de la Casa de Saúd. En palabras del ministro de Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, el alejamiento de Riad de Beirut se debe al “dominio continuo por parte de Hezbolá de la escena política”. “Hemos llegado a la conclusión de que tratar con el Líbano y su actual Gobierno no es ni productivo ni útil”.
Hay que recordar que Arabia Saudí ha invertido miles de millones de dólares en reforzar a las fuerzas de seguridad libanesas desde los años 90 y en tratar de limitar la influencia de Irán. El 2016 Riad recortó sustancialmente su apoyo al pequeño país del Mediterráneo. Este mismo año Riad bloqueó las importaciones de productos agrícolas libaneses y alimentos a raíz del aumento del contrabando.
A principios de mes, el ministro de Exteriores libanés, Abdallah Bou Habib, dirigiéndose a Riad, aseguraba que “si quieren la cabeza de Hezbolá en un plato, no podremos dársela”. “Hezbolá es un componente de la política en el Líbano. Tiene una dimensión armada regional, sí, pero va más allá de lo que podemos resolver”, dejaba claro el jefe de la diplomacia del país de los cedros.
Entretanto, el líder de Hezbolá, Hassan Nasralah, afirmaba esta semana que las acusaciones saudíes de que el Líbano está ocupado por Irán son “ridículas”. “La reacción saudí a la declaración de Kordahi es muy exagerada. Arabia Saudí se presenta como amiga de los libaneses. ¿Así se trata a los amigos?”. Nasrallah pedía a los libaneses que sean pacientes y luchen por su soberanía. Una palabra manoseada y maltrecha que todos emplean para beneficio propio y nunca significando realmente lo que debería.
Lo ocurrido en las últimas semanas es, en fin, un ejemplo más de la guerra fría que libran desde hace décadas Teherán y Riad en el conjunto de Oriente Medio –Siria, Irak, Yemen- y que ahora tiene como rehenes a los habitantes del Líbano, un país que trataba salir a flote tras décadas de conflictos civiles. El fracaso del modelo libanés, con su vida política compartimentada y fragmentada en cuotas, es el éxito del sectarismo, la corrupción y la injerencia sin límites de los poderes regionales e internacionales en los conflictos domésticas de los países de Oriente Medio. Un fracaso que amenaza con provocar una auténtica catástrofe humanitaria en el país y con desestabilizar aún más el conjunto de la región.