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Fuentes diplomáticas confirman a NIUS que cuatro de los 110 indultados por el gobierno de Nicolás Maduro el pasado lunes son españoles. Todos tendrían además la doble nacionalidad española y venezolana. Los liberados son Yorfran Quintero, Antonia Turbay, Sergio Termini y Demóstenes Quijada.
¿Por qué estaban encarcelados bajo el régimen chavista?
El caso más paradigmático y que más ha encendido las redes sociales sea seguramente el de Antonia Turbay, una abogada madre de dos hijos arrestada el 27 de junio de 2019. Su único delito: ser vecina del ex comisario de policía Iván Simonovis, actualmente en el exilio en EEUU y que ostenta el cargo de comisionado de seguridad del equipo de Juan Guaidó. Fue detenido en noviembre de 2004 y acusado por el gobierno de Hugo Chávez de la violencia de los sucesos de Puente Llaguno, la matanza perpetrada en este punto de Caracas que tuvo lugar el 11 de abril de 2002, durante unos días de convulsión en las calles por el intento de golpe de estado al expresidente.
Turbay emocionó en redes al aparecer en un vídeo en las puertas del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) donde llevaba más de un año encarcelada, y declarar entre lágrimas que nunca tuvo nada que ver con el encausamiento de Simonovis y tampoco con su fuga a EEUU. La hispano-venezolana señaló que apenas le conocía salvo por la cercanía natural entre cualquier vecino. “Les dije hasta la saciedad que yo no tenía nada que ver, que yo solo era la secretaria de la Asociación de vecinos”.
Durante todo este tiempo encarcelada estuvo completamente sola porque su única hija vive en Bogotá, donde se mudó después de sufrir un secuestro express en Caracas. Fueron sus vecinos los que se han encargado de su manutención todo este tiempo y los que no han cesado en diferentes campañas en redes pidiendo por su liberación. Por fin les han escuchado, aunque Antonia tenía una sentencia de excarcelación desde julio de 2019 que sin embargo, nunca se había hecho efectiva.
El momento más emotivo fue cuando a través de un teléfono móvil, Turbay habló con su hija a través de una videollamada y en la pantalla también aparecieron sus nietos pequeños. “Me han alejado de mi familia”, dijo, “pero yo nunca he dejado de rezar ni de tener fe en Dios; nunca he dejado de pensar y siempre con mi cruz a cuestas hija. Ustedes son mi única familia”.
Asesor del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países. Fue detenido el pasado 2 de abril en Caracas junto a Maury Carrero, también asesor de Guaidó. Según el registro del consulado de España en Caracas, Quijada está acusado de terrorismo, tráfico de armas y ocultación de drogas, algo que su abogado niega, sosteniendo que fue una estratagema de la policía para encausarle.
Quijada fue detenido por la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) y su caso, según denuncia el Parlamento venezolano de mayoría opositora, está “repleto de ilegalidades y violaciones debido al proceso". La orden de allanamiento fue emitida luego de que fue realizado y su defensa legal no ha podido acceder al expedient”, según registra la agencia de noticias EFE.
Su hijo Demo, de solo ochos años, también le estaba esperando en la noche del lunes a las puertas del SEBIN. Al niño, su madre la había contado que su papá no estaba en casa porque estaba trabajando muy duro en un comité científico en la lucha contra el coronavirus. Quijada es ingeniero industrial.
Detenido el 30 de marzo de este año en su residencia en Baruta por la DGCIM como parte del grupo del entorno de Juan Guaidó. Se desconocen las causas de su detención. Termini, además, es amigo personal de Julio Borges, en el exilio en Colombia, líder del partido Primero Justicia y que ejerce las veces de canciller del equipo de Guaidó y como su representante en el exterior. Borges no ha sido incluido en la lista de indultados.
Detenido en 2018 acusado de ser partícipe de una célula terrorista asociada a la red de Óscar Pérez, policía del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) reconocido por haber sido líder de la disidencia policial en contra del gobierno de Nicolás Maduro y que participó en el ataque al Tribunal Supremo de Justicia en 2017. Sobre Quintero Ochoa pesaban cargos de conspiración y lo juzgaron en un tribunal militar pese a ser civil. Según denuncia Foro Penal, una ONG que lucha por la liberación de todos los presos políticos, estuvo desaparecido tras su detención y fue torturado. A Quintero, padre de dos hijos, lo detuvieron en Los Teques, una localidad a unos treinta minutos de Caracas.
El gobierno español ha celebrado la liberación de estos cuatro connacionales y del resto de indultados por el gobierno de Nicolás Maduro. “España valora positivamente los indultos anunciados para un importante número de diputados venezolanos detenidos o exiliados y de otros presos políticos. La crisis no podrá resolverse sin elecciones democráticas en las que todas las fuerzas y candidatos puedan concurrir con las debidas garantías”, aseguró en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
Pero todavía quedan otros siete españoles encarcelados injustamente en Venezuela. Según ha podido conocer NIUS a través de fuentes diplomáticas. A ellos habría que sumarles otros 23 sometidos a medidas cautelares o huidos del país. Los siete que permanecen bajo la justicia venezolana son los siguientes:
Detenido en 2017 por la DGCIM por el asalto al Fuerte Paramacay. Acusado de traición a la patria, ataque al centinela, rebelión militar y sustracción de efectos de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana).
Detenida en el Helicoide, centro de detención del SEBIN. Allí permanece desde 2018, cuando fue encarcelada por su presunta relación con el intento de magnicidio perpetrado contra Nicolás Maduro con un dron cargado de explosivos. Según denuncia su familia y abogado, la única acusación conocida contra ella es haber cuidado a los perros de Óscar Pérez.
Permanece presa en la sede del DGCIM en Caracas. La detuvo el propio DGCIM por ser hermana de uno de los implicados en el intento de magnicidio contra Maduro en agosto de 2018.
Permanece en la prisión militar de La Pica, en el Estado Monagas. Se trata de un Teniente Coronel en activo del ejército del Aire. Detenido en 2014 por la DGCIM por traición en el llamado Golpe Azul. Está condenado a 7 años y tres meses de prisión.
Permanece preso en la sede del DGCIM en Caracas. Fue Ministro del Petróleo y presidente de PDVSA con el gobierno de Maduro. Fue detenido el 30 de noviembre de 2017 acusado de varios delitos de corrupción relacionados con su actividad como alto ejecutivo en el área petrolera.
Detenido el 29 de marzo de este año por la DGCIM como parte del grupo del entorno de Juan Guaidó. Acusado de tráfico de estupefacientes.
Detenido el 4 de mayo de este año en el contexto de la conocida como Operación Gedeón, la incursión marítima frustrada en Venezuela por parte del ex boina verde Jordan Goudreau, a cargo de 60 hombres donde también operaban dos mercenarios estadounidenses. Su objetivo presuntamente era asesinar al presidente Maduro y tomar el control del país hacia un gobierno de transición.
Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Pena, destacó en entrevista con NIUS sobre el indulto de Nicolás Maduro que un día después del anuncio “todavía no aparece publicado el decreto en Gaceta Oficial ni tienen el texto completo del decreto por lo que no podemos hacer aún una valoración completa del mismo”. “En cualquier caso, todo lo que sean liberaciones de presos políticos es un punto positivo para nosotros”, añadió.
El pasado sábado, Foro Penal comenzó una campaña en redes sociales para liberar a 13 presos políticos que tienen nacionalidad europea y no solo venezolana y con la etiqueta #LiberenALosEurovenezolanos lanzaron un tuitazo en su cuenta de Twitter.
Sobre esta campaña, Himiob expresó que “es una manera de general sensibilidad en los diferentes países de la comunidad europea de los cuales estos ciudadanos también son connacionales. Como las detenciones de estas personas no son jurídicas sino políticas, tratamos de elevar al tema político su situación para lograr los efectos de su liberación”.
El vicepresidente de la ONG confirmó a NIUS que de los 50 presos políticos que estaban físicamente presos en cárceles de Venezuela y que habrían sido beneficiados por el indulto, en estos momentos solo han sido liberadas 10 personas y todavía quedan por liberar 40.