En un comunicado, la organización no gubernamental estadounidense citó "informes de fuentes confiables" que certifican los asesinatos, y aseguró que varias de las víctimas fueron torturadas y que al menos dos de ellas eran menores.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, afirmó que "no existe excusa, ni justificación válida para estos aberrantes actos", que "violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana".
La organización instó al Gobierno nacional y a las autoridades locales a adoptar medidas inmediatas para "ayudar a las víctimas, proteger a la población civil y garantizar que todos los abusos cometidos en la región por grupos armados o fuerzas militares sean investigados de forma exhaustiva y sancionados".
Según los informes de Human Rights Watch, las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), además, de nuevos grupos armados vinculados con los paramilitares, se están disputando el control del departamento fronterizo de Nariño.
Los territorios más vulnerables a la acción guerrillera son los Awá, especialmente en los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán, según la organización, que visitó la zona en varias ocasiones.
En su comunicado, Human Rights Watch instó a la Defensoría del Pueblo a mejorar su capacidad de respuesta al Sistema de Alertas Tempranas que emplea para hacer frente a la situación, y que ya ha emitido varios "informes de riesgo" para alertar a los civiles de la región de que se encontraban en peligro.
El último de estos informes, publicado el pasado 8 de enero, advertía de la posibilidad de que las FARC tomaran represalias contra los civiles de la región, a quienes acusaban de colaborar con las fuerzas militares o el ELN.
A esto se suma, según la organización, la acción de los nuevos grupos armados surgidos de la supuesta desmovilización de los paramilitares, y a quienes acusa de haber participado en amenazas, extorsión, asesinatos selectivos de civiles, desapariciones forzadas, desplazamientos y violaciones de mujeres y niños.
"Aunque los informes de riesgo que emite la Defensoría del Pueblo están muy bien elaborados, hemos comprobado que en muchos casos las autoridades que tienen la responsabilidad de responder no actúan a tiempo", señaló Vivanco en el comunicado.
La organización calificó la situación en la región de "grave crisis humanitaria", y sospecha de que las FARC hayan "confinado a algunas poblaciones, cortado todo vínculo con el mundo exterior, desplazado a civiles e instalado minas antipersonales en la zona".
Los más afectados por los hechos de violencia en Nariño pertenecen, según Human Rights Watch, a los sectores más vulnerables de la sociedad, como los grupos afrocolombianos e indígenas.